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Gobierno y Parlamento aprobaron en 2021 la renovación del pacto de Estado contra la violencia machista. EFE
El Gobierno ha cumplido el 95% el pacto de Estado contra la violencia de género

El Gobierno ha cumplido el 95% el pacto de Estado contra la violencia de género

De las 290 medidas acordadas por el Parlamento en 2017 solo están pendientes nueve, la mayoría pequeñas reformas legales

Jueves, 26 de octubre 2023, 11:00

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El Ministerio de Igualdad entregó hoy a la presidenta del Congreso un balance de varios cientos de páginas que confirma que el Gobierno ha cumplido ya prácticamente la totalidad del pacto de Estado contra la violencia de género, el compromiso sellado en diciembre de 2017 por el Parlamento, todos los poderes del país (del central al municipal), sindicatos, empresarios y organizaciones sociales para tratar de dar en el siguiente lustro un salto cualitativo en la lucha contra esta lacra.

El chequeo realizado por el departamento que dirige Irene Montero indica que los distintos ministerios han cumplido el 95% de las medidas incluidas en el documento, entre las mejoras ya ejecutadas y las que están en proceso de completarse. El grueso del cumplimiento se produjo durante la legislatura recién acabada, con 115 mejoras cumplidas entre 2020 y 2022, el 60% de la ejecutadas.

De las 290 actuaciones que reclamaron el Congreso y el Senado en sendos informes, 190 están ejecutadas, 85 están en proceso de ser completadas y solo nueve acciones responsabilidad de la Administración central restan por iniciarse, la mayoría pequeñas reformas de aspectos del Código Penal, las leyes de enjuiciamiento civil y penal o del Poder Judicial que tiene que impulsar el Ministerio de Justicia.

Ministerios, autonomías y ayuntamientos han recibido 1.000 millones adicionales en el quinquenio y la UE ha aportado 200 más

Uno de los pilares esenciales del pacto, el compromiso financiero para blindar la puesta en marcha de las nuevas medidas y servicios a las víctimas, se ha cumplido al completo y con creces. Mil millones adicionales en cinco años. Las comunidades dispusieron de 500 millones extra (cien por año), los ministerios obtuvieron 400 millones más y las entidades locales, a las que correspondían 100 millones suplementarios, recibieron un plus del 40%, 140 millones.

Igualdad, de hecho, hizo un gran esfuerzo presupuestario en los últimos tres ejercicios duplicando los fondos de la delegación del Gobierno contra esta lacra y multiplicando por ocho el dinero que aporta a ONG y a asociaciones de mujeres para que luchen contra la violencia machista y ayuden a las víctimas.

4.000 pulseras GPS

A esta financiación extraordinaria hay que sumar desde 2021 algo más de 200 millones procedentes de fondos europeos que han permitido multiplicar por cuatro el número de pulseras GPS de protección a las víctimas activadas (hay unas 4.000), incrementar en casi el 40% la cantidad de maltratadas conectadas al sistema de telefonía y geolocalización Atenpro, que aumenta su seguridad y la rapidez de respuesta en situaciones de riesgo, y crear antes de que termine 2024 al menos un centro de crisis 24 horas en todas las provincias, para asegurar una atención integral a quien ha sufrido cualquier violencia sexual.

El Ejecutivo central, con el impulso de Igualdad, ha superado de hecho el marco temporal y de exigencias del pacto de Estado y ha cerrado una serie de acuerdos parlamentarios y territoriales (con las autonomías) que han convertido la lucha contra la violencia machista en una prioridad permanente de todos los gobiernos, dotada con compromisos estables de financiación finalista que garantizan los fondos indispensables para ejecutar las mejoras presentes y futuras.

De igual forma, Igualdad ha liderado junto a otros ministerios como Justicia, Derechos Sociales y Sanidad la ampliación de los derechos y la protección de estas víctimas con las obligaciones creadas por las leyes de protección a la infancia, aborto, libertad sexual y con la estrategia estatal contra las violencias machistas, que garantiza una cartera de servicios básica y un suelo financiero mínimo en todos los territorios españoles.

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