El 95% de los incendios forestales que asolan España los causa la mano del hombre

La Palma, 14 de julio de 2023. Varias personas celebran una fiesta nocturna en una zona arbolada e ignoran la prohibición de encender fuego pese al riesgo extremo. Las llamas quemaron 4.000 hectáreas, parte en la joya medioambiental de la isla, obligaron a desalojar dos pueblos y destruyeron 20 edificaciones.

Ateca (Zaragoza), 18 de julio de 2022. Las chispas de una excavadora que mantuvo su actividad pese a la prohibición en medio de una ola de calor arrasó 14.000 hectáreas y paró el AVE durante horas. Minutos después, otra inconsciencia similar de un agricultor devoró 3.500 hectáreas de la comarca burgalesa de Arlanza y estuvo a punto de calcinar la abadía de Silos, emblema del románico español. Ambos fuegos cercaron diez pueblos de los que huyeron 4.000 vecinos y el burgalés estuvo a punto de costarle la vida al piloto de un helicóptero, que acabó estrellado.

Son solo tres ejemplos de los más de 9.000 incendios forestales que provocan cada año de media los españoles con actos delictivos, negligencias y accidentes. El 95% de todos los fuegos que arrasan montes, fincas y arboledas se deben a la mano del hombre, según un informe de la ONG naturalista WWF, que denuncia que en la gran mayoría de casos actúan desde la impunidad, pues sus daños millonarios al medio ambiente, al patrimonio y a las personas les salen gratis. Cada ejercicio, sus delitos e irresponsabilidades devoran unas 75.000 hectáreas, el equivalente a la superficie de Lanzarote.

Más de la mitad de todos los incendios forestales son intencionados, una cuarta parte se debe a negligencias y del resto solo un 5% se pueden atribuir a rayos u otros factores naturales. Un 14% los provocan pirómanos y vándalos, casi un 40% son resultado de quemas de rastrojos y de basuras o de usos de maquinaria no permitidos y otro 30% son quemas para regenerar terrenos que se van de las manos. En menor cantidad también hay venganzas, disputas de propiedad, búsqueda de subvenciones o de modificar el uso de los terrenos o riesgos derivados de la caza.

Los motivos que explican semejante actuación depredadora del hombre son principalmente tres, según estos expertos El «arraigado y generalizado» uso del fuego en el medio rural como herramienta para la regeneración y limpieza de pastos y terrenos, la existencia de «importantes conflictos sociales y económicos» en algunas regiones rurales y la inexistencia de una conciencia social y personal sobre el riesgo de incendios, que hace descansar la responsabilidad exclusiva de prevenirlos y extinguirlos en las administraciones.

Los naturalistas creen que buena parte de la culpa de «este escenario tan preocupante» se debe a la falta de investigaciones administrativas, policiales y judiciales realmente exhaustivas, que disuadan a quienes causan los incendios y acaben con la «actual impunidad» de la que gozan.

Es la razón por la que exigen a todos, gobiernos, policías, fiscales y jueces, que impongan «sanciones y condenas ejemplares» que funcionen como aviso a navegantes. Los datos parece que les dan la razón. En 2022, un año negro en el que se calcinaron 270.000 hectáreas, el peor resultados en tres décadas, solo se abrieron investigaciones penales contra 482 personas. Y el problema para usar la mano dura no son los instrumentos, que los hay. Las multas por ignorar las prohibiciones administrativas de fuego y maquinaria en días de riesgo alto o extremo pueden llegar hasta el millón de euros, según el daño y la intencionalidad. Además, causar incendios forestales puede acarrear condenas de cárcel de 1 a 6 años y de 5 a 10 si se ha puesto en riesgo la vida o la integridad de las personas.

WWF admite que España cuenta posiblemente con el mejor dispositivo de extinción de incendios forestales del mundo, pero recuerda que eso no es la solución ante el avance del calentamiento global, que generaliza la sequía y está detrás de la proliferación de los superincendios, que desbordan las capacidades de los dispositivos de emergencia.

A la persecución ejemplar de los incendiarios, los naturalistas añaden como medidas indispensables para reducir la siniestralidad y acabar con la impunidad la intervención social y el diálogo en las zonas con alta recurrencia de fuegos (para terminar con las quemas agrícolas y otras temeridades) y el lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana sobre los altos riesgos de la irresponsabilidad individual.

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