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Patricia Ramírez. EP

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, pide un Pacto de Estado contra la violencia

Afirma que la dueña de la productora le ha confirmado su voluntad de paralizar el documental que estaba preparando para una plataforma

Iker Cortés

Madrid

Martes, 11 de junio 2024, 12:57

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Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado por Ana Julia Quezada en febrero de 2018, cuando el pequeño tenía ocho años, acudió este martes a la Comisión de Interior del Senado para pedir un Pacto de Estado «contra la violencia» y anunciar que la dueña de la productora que preparaba un documental para una plataforma sobre el caso, una de las razones por las que acudía a la Cámara alta, ha confirmado «su voluntad de parar esta producción».

Ramírez equiparó el acuerdo que propone con el último Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que se llegó en 2017, ya que el asunto «va de derechos humanos y todos nos tenemos que poner de acuerdo para preservarlos». Visiblemente emocionada, pero rotunda en su intervención de poco más de una hora, Ramírez pasó a desgranar las líneas maestras de este gran acuerdo contra la violencia y la revictimización de las víctimas «en cualquiera de sus manifestaciones física, verbal o mediática».

Se queja la madre de Gabriel del daño público que hacen quienes utilizan el nombre del agresor o de la víctima en redes sociales y medios de comunicación, por eso solicitaba «que se regulen esas prácticas» y se desarrollen políticas sociales y comunitarias. «Hay que aprender a consumir sucesos de forma responsable; el consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo porque eso a lo único que nos lleva a generar más violencia», comentaba. Ponía como conquistas anteriores el hecho de que los medios de comunicación ya no escriben los nombres de una víctima de un suicido, o que ya nadie saca a los niños en una fotografía si los padres no conceden su permiso. «Les pido que hagan lo mismo para nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios de comunicación», pidió.

Exigió, además, que, dentro de la prisión, un preso condenado por delitos violentos de especial gravedad «no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro». Y solicitó también una «verdadera implementación» del Estatuto de la Víctima. A su juicio esto conlleva, entre otras cosas, que la norma reciba una dotación económica -«es muy difícil que las administraciones respeten la norma si en muchos casos no se conoce porque no se ha formado a los profesionales», dijo al respecto-, pero también que se ampare a las víctimas que son, como ella definió, «objeto de gusto mediático», con justicia gratuita, un mayor número de abogados y psicólogos, y fiscales «que actúen de oficio y con diligencia, disminuyendo esa revictimización y esa victimización secundaria que tenemos tras montañas y montañas de papeles».

Ramírez propuso también que dentro de las prisiones se desarrolle un plan de prevención en torno a los medios tecnológicos que se han introducido dentro de ella. Se trataría de estudiar qué delitos se pueden cometer si se utilizan mal las videoconferencias o las llamadas con familiares y amigos, métodos a través de los cuales Ana Julia Quezada logró ser entrevistada por los periodistas del documental, tal y como la madre de Gabriel ha denunciado. Una vez establecidos esos factores de riesgo, «habría que ver cómo se pueden establecer factores de protección tanto para los agresores que los necesitan de cara a su reinserción como para la víctima».

Finalmente, Ramírez pidió a los políticos que no utilicen a las víctimas. «Venimos a pediros ayudas a todos, no tiene nada que ver con la ideología, tiene que ver con unos derechos básicos que todos protegemos. En el momento en que alguien los abandera a un lado o a otro, lo único que consiguen es enfrentarnos entre nosotros», sentenciaba.

La paralización del documental

La madre de Gabriel Ruz aprovechó su intervención para anunciar que la productora ha paralizado el documental sobre el asesinato de su hijo que iba a emitirse en una plataforma. Según relató, gracias a la mediación de la Guardia Civil, este lunes tuvo la oportunidad de hablar con la dueña de la productora que estaba elaborando el documental.

«Me confirmó su voluntad de parar esta producción. De hecho la invité a que me la mandara por escrito y, si lo hacía, le dije que me olvidaba de estos tres años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que les íbamos a meter, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusiera su actitud. Y que si esto era así, reconocería públicamente que al final víctimas y medios de comunicación nos podemos poner de acuerdo en aras del sentido común», explicaba esta mañana.

Explicó Ramírez que la productora le aseguró llevaba tres años pidiendo a Prisiones permisos y que estaban informados. «Si Prisiones hubiese puesto en conocimiento estos permisos y hubiese buscado una reunión entre ambas partes, me pregunto si hubiera hecho falta que yo hubiese estado aquí hoy haciéndoles perder su tiempo», se lamentaba.

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