Indemnización de casi 5 millones para unos padres por un error médico

Fue en octubre de 2012 cuando la madre acudió al Hospital Gutiérrez Ortega, de Valdepeñas por encontrarse con síntomas de parto. Había tenido una gestación normal y todos los controles previos habían resultado también normales. Era su tercer parto y en los dos anteriores sus hijos habían nacido sin problemas. Sin embargo, la matrona decidió prescindir de una de las dos cinchas que se utilizan para la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y el control de la dinámica uterina del sistema Eco-Doppler que tiene por finalidad detectar una posible pérdida de bienestar fetal.

Ni la matrona ni el ginecólogo dieron importancia a los 26 episodios de disminución de la frecuencia cardiaca del feto, a niveles de 80 e incluso 60 latidos por minuto que se marcan en el registro gráfico, ni a las 9 anotaciones de bradicardia que quedaron impresas en dicha tira, esto es, «descensos de la frecuencia cardiaca fetal, claras e inequívocas señales de alarma en la evolución de ese período de parto», señala el abogado Francisco Fernández-Bravo.

Debido al deficiente control y seguimiento durante el parto, la recién nacida sufrió un grave daño neurológico como consecuencia de la falta de oxígeno, causada por el descenso repetido y mantenido de la frecuencia cardiaca fetal.

En la actualidad, la menor, que tiene 10 años, sufre encefalopatía hipóxico-isquémica con parálisis infantil grave de predominio distónico, convulsiones y debe alimentarse con sonda de gastrostomía endoscópica. Todo ello después de haber sufrido diversas intervenciones quirúrgicas.

Una primera sentencia del Juzgado de lo Penal de Ciudad Real dictada en 2019 y otra posterior de la Audiencia Provincial en 2022 condenaban al ginecólogo y a la matrona por un delito de lesiones por imprudencia profesional a la pena de nueve meses de multa a razón de una cuota diaria de diez euros, condenando también como responsables civiles al SESCAM y a sus aseguradoras. Finalmente, el SESCAM ha preferido llegar a un acuerdo con los padres para indemnizarlos con casi 5 millones de euros y evitar así que el caso acabe en el Tribunal Supremo.