Comunidades energéticas rurales: así consume el campo electricidad de kilómetro cero

«Las comunidades energéticas rurales tienen beneficios en cuatro ámbitos principalmente: sociales, medioambientales, económicos y técnicos», explica Alberto Lozano Rivas, profesor del Máster en Energías Renovables de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Los ejemplos concretos de cada uno de esos puntos son muy variados. Unas pinceladas de lo que señala el experto ayudan a visualizarlo: los proyectos ayudan a reducir la pobreza energética y suman «efectos colaterales positivos», como desarrollo económico o empleo, y dotan de más estabilidad a la red eléctrica en estas áreas.

Lozano Rivas ha investigado -en un grupo mixto de investigación de la UNIR y de la Universidad Politécnica de Valencia- sobre estas comunidades y su potencial. Responde afirmativamente cuando se le pregunta si son factibles.

«La participación de sus miembros en el proyecto tiene una mayor probabilidad de supervivencia, derivada de una mayor implicación y sentimiento de comunidad», asegura, recordando esos beneficios derivados como la lucha contra la despoblación o la mayor accesibilidad a recursos renovables de las zonas rurales.

La teoría y el potencial están ya yendo de la mano con la práctica. Las comunidades energéticas rurales están presentes en cada vez más comarcas españolas. Lozano Rivas recuerda las de Castilfrío de la Sierra (Soria), Luco de Jiloca (Teruel) o Larraul (Gipuzkoa).

Son solo unas cuantas. «En España, existen ejemplos que están actualmente funcionando, por ejemplo, en Aragón, Castilla y León o Euskadi. En todas ellas, la colaboración público-privada ha sido esencial», indica.

Otro de los lugares en los que se está trabajando en ellas es en Galicia, donde 22 ayuntamientos rurales -con características muy diversas- se acaban de sumar como colaboradores al proyecto europeo EC4RURAL, que tiene detrás a varias entidades de tres países.

Es, como explica Xavier Simón, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y su coordinador, «un proyecto dentro de un programa de la Unión Europea» que busca «conseguir que las comunidades locales sean partícipes del proceso de descarbonización», explica el experto.

Se convierten en socios de la transición verde, al tiempo que logran acceso a electricidad que no solo es renovable, sino que baja además el precio de la factura de la luz de sus habitantes. Como explica Simón, «lo que pretende [una propuesta de este tipo] es maximizar el autoconsumo». «El objetivo es incrementar la autonomía energética», indica.

Esta energía, como señala Simón, «se produce, se distribuye y se consume localmente». En estas zonas rurales, menos pobladas que las grandes urbes, las necesidades de electricidad son más bajas. Es una cuestión de lógica de consumo: a más habitantes, más picos de gasto energético. Por eso, por ejemplo, la solar les funciona tan bien. Como apunta Simón, al ser comunidades de poca escala resulta accesible cubrir una parte importante de su consumo con paneles solares.

Y, por supuesto, esto no está limitado a un territorio. Esta es una idea que es totalmente exportable. De ahí, el interés de la Unión Europea, recuerda Simón. Lo que están haciendo estos ayuntamientos pioneros podrá saltar en el futuro a muchos otros territorios. Como muestra: el proyecto EC4RURAL está arrancando ahora, pero espera crear en cuatro años modelos que se puedan adaptar a las diferentes realidades locales.

Con todo, como suma Simón, aunque las comunidades energéticas rurales estén usando fotovoltaica, no están limitados a ella por defecto. En otros lugares puede, por ejemplo, encajar mejor la biomasa o algún otro modo de generar energía verde. Incluso, en un futuro, podría complementarse con la eólica, cuando las inversiones necesarias para ponerla en marcha bajen.

¿Es el medio rural español receptivo a estas propuestas? Aunque la presión ecológica en el mundo rural puede ser mayor, apunta Lozano Rivas, parte del trabajo detrás de estos proyectos es «la difusión de conocimiento, formación y asesoría de las oportunidades que ofrecen».

«De esta forma se pueden evitar efectos como el 'Not-In-My-Backyard' [no en mi patio trasero], es decir, donde los residentes se oponen al desarrollo», explica, aunque concede que «el medio rural es más proactivo a implicarse en estos proyectos participativos». Son más conscientes de los beneficios de este tipo de propuestas y participan más que sus vecinos urbanos.

El interés por este tipo de proyectos se explica «por un conjunto de factores», como indica por su parte el profesor de la Universidad de Vigo. El precio de la electricidad es «una palanca que impulsa, pero no es la única. La gente no solo se está moviendo por dinero». Causas ecológicas y también sociales apuntalan el interés por estas figuras. La España rural no quiere quedarse atrás y la transición verde puede ayudarles en ello.

Aun así, el panorama al que se enfrentan las comunidades energéticas rurales no es del todo perfecto. Todavía quedan elementos por perfilar y mejorar para apuntalar su crecimiento. «Existen claras barreras legislativas que pueden suponer un impedimento para escalar el crecimiento del número de estas iniciativas», recuerda el experto de la UNIR.

«Actualmente no existe una definición legal de comunidad energética renovable rural en la legislación de la Unión Europea», apunta, sumando que la que se usa es la que aparece en una directiva que «no ha sido transpuesta análogamente por todos los Estados miembros».

En España, al profesor de la universidad riojana le preocupa el efecto que puede tener que en la propuesta de regulación que ha publicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no exista algo específico para las iniciativas rurales. «Podrían verse afectadas negativamente por políticas extremadamente orientadas hacia las comunidades energéticas urbanas». «Esto puede suponer una oportunidad perdida para el mundo rural», advierte.