La participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades se mantiene en el 4% desde 2013
En los próximos cinco ejercicios la comunidad hará frente a la amortización de 6.609 millones, la mitad del importe total, y en diez años asumirá el vencimiento del 86,95% del saldo de deuda viva
La participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades autónomas se mantiene desde 2013 en el 4% y ascendía, al cierre de 2023, a 13.865 millones de euros, con un incremento interanual de 543 millones, es decir, el 4,1%.
El volumen total de deuda en términos de contabilidad nacional, que es la computada por la Unión Europea para el control del déficit (Protocolo de Déficit Excesivo) entre las comunidades autónomas era de 325.324 millones. En la comunidad, en 2023, aumentó el endeudamiento tanto por deuda con entidades de crédito, 529 millones, como por la derivada de emisiones de obligaciones y bonos realizadas, 31 millones, además del aumento de la deuda comercial, 57 millones, según el informe sobre análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2023, aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas y que ya ha sido enviado a las Cortes, según pudo conocer Ical.
Como consecuencia del resultado de la fiscalización, el Consejo de Cuentas mantiene las dos recomendaciones del ejercicio anterior. En primer lugar, apela a la Consejería de Economía y Hacienda a instar a la actualizar del artículo 191 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público, que define la deuda de la Comunidad, para incluir, al menos, la deuda de todas las entidades que forman parte del perímetro de consolidación.
Y en segundo lugar, teniendo en cuenta el volumen de pasivos contabilizados en el balance consolidado, sería aconsejable que la Comunidad «vigilara» el comportamiento, tanto del indicador de endeudamiento general, como de los índices de autonomía financiera y de estabilidad, para cambiar su evolución «con el fin de garantizar una mayor generación de recursos propios que sea suficiente para atender las necesidades económicas».
En este sentido, en el pasivo del balance consolidado de 2023 figura un endeudamiento de la Administración autonómica de 16.980 millones de euros, compuesto por deudas con entidades de crédito por importe de 10.042 millones, emisión de obligaciones y bonos en una cuantía de 3.645 millones, otras deudas cifradas en 770 millones, deuda comercial en 2.474 millones y pasivos por impuesto diferido en 48 millones. Su incremento con respecto al año anterior es del 3,5%.
Próximas amortizaciones
La Administración general tiene en su balance deudas con entidades de crédito por un total de 9.576 millones (a largo plazo y a corto plazo), lo que supone un incremento del 5,96% respecto a 2022. Esto significa que en los próximos cinco ejercicios tendrá que hacer frente a la amortización de 6.609 millones, la mitad del importe total, y en diez años tendrá que asumir el vencimiento del 86,95% del saldo de deuda viva.
La agencia de calificación Moody`s mantiene desde 2018 la deuda a largo plazo de Castilla y León dentro de la categoría de inversión de grado medio inferior (Baa1), mismo rating que la deuda de España. La calificación asignada en 2023 fue Baa1 con perspectiva positiva.
En 2023 Castilla y León tuvo un déficit del 0,72% del producto interior bruto (PIB), inferior al del total de las comunidades autónomas (-0,92%), según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este porcentaje en 2022 era del 1,1 por ciento para la Comunidad.
El porcentaje de la deuda sobre el PIB en Castilla y León fue del 19,6%, inferior al 20,7 de 2022, y también al del conjunto de las comunidades, que en 2023 se situó en el 21,7%, La ratio más alta la tuvo la Comunidad Valenciana (41,6%) y la más baja, Navarra (11,8%).
La deuda por habitante en Castilla y León en 2023 era de 5.825 euros, un aumento de 210 euros por habitante (3,74%) más que en 2022, inferior al conjunto de las comunidades, que asciende a 6.773 euros por habitante. Igualmente, la deuda de Castilla y León está compuesta por préstamos que suponen el 74,03% del total, un porcentaje menor que para el total de las comunidades autónomas (85,6%), y por valores representativos de deuda, cifrados en 3.600 millones, computados en su totalidad a largo plazo.
Los préstamos, por importe de 10.265 millones, proceden en su mayoría de entidades financieras residentes (6.461 millones) además del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (1.966 millones), de préstamos procedentes del resto del mundo (1.592 millones), de los imputados a contratos de asociación público- privada para construcción de infraestructuras (246 millones) y de 'factoring' sin recurso (sistema de anticipo por entidades financieras del cobro de deudas asumiendo el riesgo de impago), por 12 millones.
Desde 2021 ha cambiado la tendencia en la comparativa de la evolución de los préstamos de instituciones financieras residentes, siendo su importe superior con respecto a la media nacional ponderada por el PIB (4.851 millones).
En 2023 el importe que debían las comunidades autónomas procedente de préstamos del Fondo de Financiación Autonómica era de 197.968 millones de euros. La diferencia en el acceso a este fondo entre Castilla y León y el resto de las comunidades aumenta desde 2020 en comparación con la media nacional ponderada por el PIB (23.516 millones).
La evolución de la Comunidad en lo referente a los préstamos procedentes de entidades no residentes (resto del mundo) tiende a la convergencia con la media nacional ponderada por el PIB tras el aumento en Castilla y León desde 2020, que ha disminuido ligeramente en el ejercicio fiscalizado. Los préstamos imputados a la colaboración público-privada mantienen la tendencia descendente desde 2014.
La ratio deuda sobre ingresos corrientes en Castilla y León se situó en 2023 en el 140%, lo que supone 28 puntos porcentuales por debajo de la media de las comunidades (168%). Cuatro comunidades, Castilla- La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana), superan el 200%.
Los gastos financieros en la liquidación del presupuesto de Castilla y León supusieron en 2023 un 1,75% del total de las obligaciones reconocidas netas. Es el segundo indicador más alto de las comunidades autónomas, después de la Comunidad de Madrid, y se sitúa 0,35 puntos por encima de la media del total de las comunidades.
La carga financiera sobre los ingresos corrientes en Castilla y León fue del 15,39% en 2023, un 0,75% más que en el ejercicio anterior. Hay cinco comunidades con una carga menor, aunque el indicador para el total de las comunidades autónomas es del 21,23%.
Por otro lado, el coste de la deuda a nivel presupuestario en Castilla y León, definido como la relación entre los gastos financieros a nivel presupuestario y la deuda, está en el 1,61% en 2023, cuando la media de las comunidades ascendía al 1,1%. La mayor brecha entre la Comunidad y el total de comunidades se dio en 2016 y desde entonces no ha dejado de disminuir la diferencia, hasta situarse en 0,51 puntos en 2023.
Sobre la estabilidad presupuestaria
La referencia del déficit para 2023 en porcentaje del PIB se fijó en el 0,3 por ciento para las comunidades autónomas de régimen común y en el 0,6 para las de régimen foral. Las comunidades registraron un déficit de 13.254 millones de euros, lo que equivale al 0,92 por ciento del PIB. Castilla y León registró un déficit de 510 millones (0,7 por ciento del PIB).
El valor de referencia del límite de deuda de las administraciones públicas es del 60 por ciento del PIB. La deuda de referencia de Castilla y León en 2023 fue un 19,4 por ciento del PIB. El gasto computable del ejercicio 2023 para las comunidades autónomas fue de
198.567 millones de euros, lo que implica una tasa de variación del 9,3 por ciento con relación al año anterior. Para Castilla y León el gasto computable de 2023 ascendió a 10.160 millones, lo que supone una tasa de variación del 8,1 por ciento.
El informe informe específico sobre endeudamiento, realizado por segundo año consecutivo por el Consejo de Cuentas y complementario al de la Cuenta General de la Comunidad, es una auditoría «combinada, operativa y de legalidad, consistente en evaluar el endeudamiento del sector público autonómico, tanto desde el punto de vista de las entidades, como en términos de contabilidad nacional, verificando la normativa en materia de estabilidad presupuestaria», explicó el Consejo de Cuentas.
Comprenden el ámbito subjetivo de esta fiscalización todas las entidades del sector público autonómico que forman parte del perímetro de consolidación de la Cuenta General de la Comunidad, además de las cuatro universidades públicas y de sus entidades dependientes. En la realización del trabajo se ha tenido en cuenta además información del Banco de España y del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
