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Las procuradoras socialistas Patricia Gómez, Nuria Rubio y Virginia Jiménez, durante el Pleno en el que se votó la ley de publicidad institucional. Rubén Cacho-Ical

El PSOE busca modificar la ley de publicidad institucional sin acuerdo con los medios

Las empresas informativas que han denunciado la norma por inconstitucional aseguran que, contra lo dicho por los socialistas, no han trabajado con ellos en este cambio

E. N.

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:08

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El Grupo Parlamentario Socialista registró en las Cortes, a falta de dos plenos para concluir el periodo de sesiones, una proposición de ley para modificar la recién aprobada ley de publicidad institucional. Una norma que salió adelante con los votos a favor de PSOE, Vox, Francisco Igea y Unidas Podemos y las abstenciones de Soria ¡Ya! y UPL. La misma tarde que se aprobó, los socialistas admitieron que habría que modificarla para aclarar que el tope del 33% de publicidad institucional que puede recibir un medio se refiere exclusivamente a la Junta y no al total de las administraciones públicas. A ese anuncio responde esta proposición de ley que el PSOE asegura que se presenta para cumplir «con el compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, con los que el PSOE ha venido trabajando en esta propuesta legislativa».

Sin embargo, los 33 medios de 29 empresas informativas que han llevado a los tribunales la ley «por vulnerar la Constitución» aseguran sentir «estupor» ante este comunicado del PSOE. Estos medios niegan que se haya trabajado con el partido socialista en esta nueva proposición de ley. Aseguran, informa Ical, queno se ha celebrado ninguna reunión de trabajo ni contacto sectorial y añaden que no se ha alcanzado «acuerdo alguno durante los meses transcurridos desde la aprobación de la ley».

Además, reafirman la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad.

Según un comunicado, la nueva modificación de esta ley, que no tendría garantizados los apoyos necesarios para salir adelante, mantiene los preceptos que han provocado el recurso y contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la administración pública.

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