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La reforma tributaria que el Gobierno ha negociado hasta el último minuto para cuadrar el círculo con sus socios parlamentarios ha conseguido sacar adelante algunos de los impuestos prometidos, aunque otros finalmente se han quedado por el camino y queda en duda el gravamen energético. Se trata del principal punto de fricción parlamentaria y que más quebraderos de cabeza ha provocado entre el Ejecutivo, Junts, PNV, ERC, Bildu, BNG y finalmente Podemos. Ahora, se comprometen a negociar todos los partidos antes del 1 de enero, incluyendo beneficios a la descarbonización, aunque las energéticas ya han mostrado su disconformidad con esta posiblidad avisando, sobre todo, con la congelación de sus inversiones industriales en España.
- Impuesto mínimo a las multinacionales
El Congreso ha validado el nuevo gravamen mínimo del 15% a las compañías multinacionales, un compromiso con la Unión Europea para que lleguen nuevos fondos de recuperación, que está en línea con la política fiscal internacional al trasponer una directiva europea sobre el Pilar 2 del programa BEPS de la OCDE que permite imponer un tipo mínimo global a las multinacionales. De esta forma, España podrá recibir otros 7.200 millones de euros de fondos europeos. Se trata de una figura que grava a las corporaciones con una facturación superior a 750 millones de euros.
- Gravamen bancario
Se crea un nuevo impuesto bancario que grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España. En este sentido, es similar al que ya existía hasta ahora, desde el verano de 2022, aunque cambian los tipos que se aplican. En concreto, el impuesto tendrá un carácter progresivo con una escala en el gravamen que oscilará entre el 1% y el 7% en función de la base liquidable. Además, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades. Hacienda indica que el objetivo está en que el sector bancario, «que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, siguiendo el principio de justicia fiscal, donde quien más gana, más aporta». El Gobierno insiste en que el gravamen temporal vigente hasta ahora «no ha provocado efectos adversos significativos ni ha mermado las cuentas de las entidades financieras». Pero la banca se muestra en contra, sobre todo entidades como CaixaBank, que será una de las más afectadas por esta medida.
- Fraude del IVA de hidrocarburos
Se introducen medidas para evitar el fraude en la venta de carburantes y, por tanto, a un precio inferior al del mercado con el consecuente perjuicio para competidores y las arcas públicas. Para ello endurecen los controles y se refuerzan los sistemas de información y registro de facturación de los operadores.
- Actualización del Impuesto de Sociedades
El Proyecto de Ley aprobado contempla evitar el impacto recaudatorio que supondría la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló un paquete de medidas tributarias en el impuesto sobre sociedades aprobado por el Gobierno del PP, corrigiendo ese tributo cuando se aprobó. El objetivo es limitar las deducciones de las grandes empresas para aproximar el tipo real que pagan las multinacionales al tipo efectivo. No tiene sentido que las grandes empresas debido a las deducciones acaben pagando en Sociedades un tipo inferior al que pagan las pymes. Además, se reduce el tipo de Sociedades para las pymes con una facturación inferior a un millón de euros de manera que la base imponible comprendida hasta 50.000 euros tendrá un gravamen del 17% y el resto de la base imponible tendrá un tipo del 20%. La reducción del gravamen será gradual hasta 2027.
- Ganancias en Bolsa, más gravadas
El Gobierno incrementará en dos puntos la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros al pasar del 28% actual al 30%. Se trata de gravar las ganancias obtenidas por inversiones en Bolsa, fondos de inversión o rendimientos de cuentas bancarias. «Es una medida que avanza en la progresividad del IRPF. Solo afecta a las rentas más altas del capital. Se enmarca en la idea del Gobierno de que quien más gana más tiene que aportar para el sostenimiento de los servicios públicos», indican en Hacienda.
- Vapeadores, más caros
Se establece un nuevo impuesto sobre los cigarrillos electrónicos y aumento del impuesto al tabaco. El objetivo es combatir el aumento del consumo de los cigarrillos electrónicos, especialmente entre los más jóvenes. «No es un instrumento recaudatorio, sino que queda al servicio de la política sanitaria para reducir el consumo del tabaco y de los cigarrillos electrónicos», apunta el ministerio.
- IVA de pisos turísticos
La intención del Ejecutivo pasaba por aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos, como una de las vías para desincentivar este tipo de alquileres en las zonas tensionadas, frente al arrendamiento habitual. Sin embargo, la ley se limita a instar al Gobierno a impulsar la modificación de la Directiva armonizada del IVA para poder gravar el IVA a los arrendamientos de vivienda turística en zonas donde estos alojamientos dificultan el acceso a una vivienda.
- Tributación de las socimi
Tampoco sale adelante la polémica reforma del régimen fiscal especial del que gozan las sociedades de inversión inmobiliaria (socimi). Una propuesta que pasaba por que estas empresas pagasen impuestos en la misma medida que el resto de compañías, quitando esos beneficios fiscales que tenían hasta ahora. El sector, con firmas como Merlin, ya habían anunciado que se planteaban trasladar sus sedes a otros países.
- Más primas de seguros
El Congreso ha rechazado finalmente la posibilidad de acabar con la exención a las primas de seguros privados sanitarios, que afectaba a más de 1,2 millones de ciudadanos y había sido planteada por los socios de la coalición de PSOE y Sumar. La medida habría entrado en vigor en plena polémica por el futuro de la sanidad de los funcionarios que, a través de Muface, podrían que tener que regresar a la sanidad pública si no sale adelante el contrato que el Ejecutivo negocia con las compañías del sector.
- Bienes de lujo
El PSOE y Sumar pusieron sobre la mesa un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios, como yates, coches de alta gama y jets privados. La medida, que adolecía de detalles técnicos y concreción, no tuvo el aval en la Comisión de Hacienda y tampoco lo ha logrado en el pleno.
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