Maduro apremia al Parlamento a aprobar la nueva ley para reprimir las protestas

Nicolás Maduro apremia al Parlamento de Venezuela para que apruebe «muy rápido» la nueva ley contra el fascismo. Una norma que, según el régimen, luchará contra la ultraderecha y quienes promuevan actos de «violencia» en el país, pero que la oposición y las organizaciones de derechos civiles tildan de instrumento para aumentar la represión.

La respuesta del presidente reelecto a los miles de venezolanos que este sábado salieron a la calle a manifestarse contra el pucherazo electoral ha sido inmediata. Durante la contramanifestación convocada por el oficialismo delante del palacio presidencial, Maduro arengó a los suyos para terminar con «los crímenes de odio», de los que acusa sistemáticamente a la disidencia desde el día posterior a los comicios. «Estamos enfrentando a una gente malévola, fascista», subrayó horas despúes de que los simpatizantes de la Plataforma Unitaria Democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González se hubieran concentrado en Caracas mostrando copias de las actas electorales que el chavismo mantiene ocultas.

Las declaraciones de Maduro preludian un enfrentamiento total con la comunidad internacional, a cuyos insistentes requerimientos para que detenga la represión y los arrestos de carácter arbitrario parece hacer caso omiso. El jefe del Estado dejó claro en su discurso que tampoco piensa retroceder en el cuestionamiento de los comicios del 28 de julio. Antes miles de afines reunidos delante del Palacio de Miraflores repitió varias veces su mantra de que es el presidente «legítimo» de Venezuela.

Lo que la comunidad internacional, en especial la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos y dos decenas de países han calificado por escrito como detenciones «arbirarias» de líderes y militantes de la oposición por su denuncia del presunto fraude electoral, Maduro y sus principales cargos en el gabinete lo están transformando en el resultado de la lucha contra el «terrorismo». Así lo ha evaluado este sábado Provea, una de las principales ONG de derechos humanos en el país americano, según la cual, el proyecto de ley contra el fascismo «se suma a una serie de normativas arbitrarias que buscan cerrar el espacio cívico, silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano».

El Gobierno, denuncia esta organización, todavía no ha aportado pruebas de actos terroristas. Los abogados de cientos de detenidos tampoco han logrado encontrar las actas judiciales por las que sus representados han terminado en la cárcel debido a actos «fascistas» o de «terrorismo». El Foro Penal ha contabilizado 1.416 detenciones de disidentes. De todos ellos, 126 son menores de edad y también hay 188 mujeres. Sin embargo, el Gobierno afirma que los arrestos superan los 2.000 y otras fuentes, que se basan en los relatos de las familias y el círculo de bogados, aumentan la cifra hasta los 2.700 detenidos.

La situación ha llegado a tal extremo que se suceden los episodios patéticos. La Guardia Nacional Bolivariana se incautó este sábado del camión desde el que María Corina Machado realiza sus discursos en las concentraciones. Un fuerte dispositivo policial detuvo el vehículo al final de la manifestación y se lo llevó custodiado por agentes en motocicletas. «Se llevan los abrazos de nuestros niños y la fuerza de la verdad. Quien se lo robó le pesará y mucho. No es un camión, es un sentimiento nacional. Gracias camión, gracias a quien lo donó con tanto amor a Venezuela», ha escrito una de las dirigentes del bloque opositor en X.

Maduro, en su discurso, reiteró la necesidad de aprobar cuanto antes las nuevas leyes, que se sumarán a la regulación de las ONG aprobada por la Asamblea Nacional el pasado viernes. La norma fiscaliza a estas organizaciones, las obliga a registrarse de nuevo, declarar si tienen financiación extranjera y otorga poderes al Gobierno para evaluar si sirven al «desarrollo económico y social» del país o, por el contrario, deben ser inhabilitadas. El activismo venezolano enuncia que «solo busca criminalizar a la sociedad civil organizada».

Tras las manifestaciones en contra del pucherazo electoral celebradas en más de 300 capitales del mundo, Maduro y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, no han tardado en acometer contra sus dirigentes. El líder chavista ha cargado sobre Edmundo González, su rival en los comicios y aparente vencedor en las urnas, al que acusa de preparar «su fuga de Venezuela» con destino a Miami. González se encuentra escondido desde hace más de una semana para evitar su detención, lo que aprovechó el presidente para preguntar a sus afines: «¿Dónde está el inmundo? ¿Por qué no da la cara?».

A Corina Machado, el chavismo ha comenzado a calificarla de «la sayona». El presidente de la Asamblea Nacional ha insinuado que la futura ley de seguridad permitirá que «no se escape nada», en alusión a una posible orden de arresto de la líder opositora. «Este es tu final, sayona», amenazó.

Provea afirma que el Gobierno venezolano ha intensificado la represión y que está echando mano de las delaciones como ya hizo en la etapa convulsa que el país atravesó en 2017. «Soplones anónimos», afirma la ONG, monitorizan las manifestaciones de la oposición para identificar y delatar a sus participantes y rastrean en internet a quienes publican mensajes denunciado el fraude electoral. Se ayudan además de una app de denuncias anónomas. «Se han convertido en una especie de policías políticos», explica la ONG, cuyo fin es «generar un clima de miedo» y «silenciar a la disidencia»..

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