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El Gobierno recibió hoy como una victoria política el comunicado emitido por Bruselas después de que el comisario de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, se reuniera con el consejero andaluz en la materia, Ramón Fernández-Pacheco, para escuchar sus alegaciones sobre el impacto de la proposición de ley de regadíos impulsada por el PP y Vox en Doñana. La nota lanza también un aviso al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber tomado las medidas «suficientes» para hacer cumplir la sentencia del TJUE, que en 2021 condenó a España por el deterioro del espacio natural. Pero, aunque asegura que «evaluará» los argumentos ofrecidos, insiste en sus recelos hacia la iniciativa andaluza.
La Comisión reitera así su preocupación porque la norma en tramitación pueda «degradar» los humedales protegidos y señala que, aparentemente, va justo en la «dirección contraria» a la apuntada por el fallo judicial, por cuyo incumplimiento España se expone a una multa multimillonaria. «La ley propuesta crea un marco legal favorable al reconocimiento del derecho de uso de agua de lluvia y aguas superficiales que podría añadir excesiva presión al ya sobreexplotado acuífero» , advierte, en contra de la insistencia de Fernández Pacheco de que la proposición «en absoluto perjudica» al humedal.
La tramitación urgente de esta iniciativa, con la que los populares buscan ganarse el apoyo de los agricultores de la zona para ganar la Diputación de Huelva, ha convertido a Doñana en un elemento más para la campaña del 28 de mayo. En el caso del PP, en el ámbito local. Y en del PSOE, en el nacional, como epítome de la falta de sensibilidad de la derecha hacia los problemas derivados de la crisis climática.
Este lunes, cada uno volvió a arrimar el ascua a su sardina. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ignoró la parte del comunicado de la Comisión que señala al Ejecutivo. Así, tras instar a Moreno a tirar «a la basura» su ley y volver a amenazar con un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), aseguró que repercutirá a la Junta las sanciones que pueda imponer la UE.
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