La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que no paralice las exhumaciones en el Valle de los Caídos

El Ministerio Público ha remitido su escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, órgano competente, después de que el colectivo presidido por Pablo Linares recurriera en apelación la negativa del juzgado central, de pasado 27 de julio, de admitir la medida cautelar reclamada y suspender los desenterramientos.

El recurso administrativo presentado por la asociación contra la resolución de Patrimonio Nacional se registró el 23 de junio, un espacio de tiempo en el que ya ha habido 12 exhumaciones aunque el objetivo inicial eran 128. Por este motivo, el Ministerio Fiscal ha alegado que la suspensión de las actuaciones de los técnicos generaría en sí misma «un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desparecidas», contenida en la Ley de Memoria Democrática.

Fue el pasado junio cuando el Gobierno inició los trabajos para desenterrar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.

Sin embargo, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos sigue dando la batalla y reclama la paralización de los trabajos «hasta informar a todas las familias de los enterrados en el cementerio de la basílica que dé cuenta de las manipulaciones y actuaciones que se van a realizar sobre los restos de sus ancestros». La medida cautelar, alegaron, «es urgente, pues de nada serviría esta demanda si durante la tramitación del juicio se manipulan, extravían o mezclan los restos mortales de terceros fallecidos sin conocimiento de los interesados», según el recurso.

Los familiares representados por la ADVC argumentan que la resolución de Patrimonio Nacional del pasado 16 de junio «lesiona» la «protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona». La asociación recuerda que «tiene el encargo de múltiples familias cuyos antecesores se encuentran inhumados en la totalidad de 23 espacios de enterramiento, conforme nos consta acreditado por Patrimonio Nacional, de ejercer cuantas acciones civiles y/o penales les puedan corresponder para evitar la manipulación de los cadáveres de sus ancestros sin su previa notificación, dándoles conocimiento y autorización expresa y escrita al efecto».

La ADVC apunta que «no se opone a exhumación alguna que se practique conforme a la legalidad vigente», pero «reclama el absoluto respeto a los familiares de todos aquellos inhumados que no desean ser trasladados, y respeto también a los propios restos que no van a ser exhumados por nadie», reclamando «en síntesis su derecho a descansar en paz con respeto a su dignidad, que no debe ser discriminada ni ignorada, conforme al artículo 10 de la Constitución Española».

Los trabajos forenses culminaron el pasado 20 de agosto con la inhumación de los restos de 12 víctimas en Pajares de Adaja (Ávila), dos de ellas no identificadas, y continúan en Cuelgamuros hasta la fecha sin que haya trascendido ningún nuevo hallazgo.

El recurso recuerda que el auto judicial de 2016 que autorizó las exhumaciones de los hermanos Lapeña -y ha dado pie al resto de actuaciones- «deja claro que no consta acreditado fidedignamente» que sus «restos mortales reposen en el Valle de los Caídos», e incluso que «tampoco existe prueba fiable alguna de que se encontraran en las fosas comunes de partida» (en Zaragoza). Asimismo, que Patrimonio señaló que «no constan datos relativos a los restos mortales con estos nombres».

Además, recuerdan que la Comisión de Expertos de 2011 estimó que «el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible como norma general, la identificación individualizada». Y criticaron, asimismo, el «oscurantismo absoluto» de Patrimonio Nacional y pone de manifiesto el «uso partidista y político» en «un asunto tan delicado».