El Gobierno tilda de «golpista» a Aznar por llamar a rebelarse en la calle contra la amnistía

Hasta ahora, el núcleo duro del PSOE había aguantado con ¡relativo estoicismo las advertencias formuladas por exdirigentes y exaltos cargos de su partido –Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia, Ramón Jáuregui, Virgilio Zapatero, Tomás de la Quadra-Salcedo, Jordi Sevilla, Jesús Eguiguren...– sobre la inconveniencia de ceder a los planteamientos del expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia desde hace seis años. Pero saltó como un resorte ante el pronunciamiento de quien sigue siendo una de las principales bestias negras de la izquierda. Hasta el punto de atribuirle actitudes «golpistas».

El exjefe del Ejecutivo y ex líder del PP había aprovechado la inauguración del Campus FAES, que el próximo viernes clausurará Alberto Núñez Feijóo, para acusar a Pedro Sánchez de estar propiciando un «desmantelamiento de la Constitución» y llamar a una rebelión «nacional». Aznar apeló al 'Espíritu de Ermua' y al movimiento «¡Basta ya!» contra del terrorismo de ETA y animó a frenar a quienes quieren «dinamitar nuestra voluntad de convivencia».

«España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para frenar este proyecto de disolución nacional. Es preciso activar todas esas energías que, en el marco de una contienda democrática, tienen que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución», adujo.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, replicó desde Moncloa, durante su habitual comparecencia tras el Consejo del Ministros, que semejante mensaje resulta «incompatible con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país» ; negó el más mínimo «valor moral» a quien «utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país», en alusión al 11-M y se dirigió a Feijóo para exigir una rectificación fue al actual líder del PP. «No son propios estos llamamientos golpistas y espero que se corrijan porque ¿qué sería lo siguiente?, ¿un alzamiento?», reprochó.

El expresidente no es el único que en estos días ha pedido salir a la calle contra la amnistía. Su partido se mantiene, de momento, en la confrontación institucional y ya ha anunciado una ofensiva política y judicial. Primero presentará mociones en el Senado, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos y, en último término, si se acaba aprobando una norma para borrar los delitos del 'procés' –algo que el PSOE ni confirma ni desmiente– recurrirá al Tribunal Constitucional y a instancias europeas. Pero Sociedad Civil Catalana ha convocado una nueva manifestación para el 8 de octubre con el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía. Ni autodeterminación'.

La fecha elegida por no es baladí. El 8 de octubre de 2017, una semana después del referéndum independentista, la plataforma logró aunar por vez primera a todas las fuerzas constitucionalistas en una manifestación masiva. La intervención del exministro Josep Borrell fue muy sonada. Nunca hasta entonces el PSC había animado a sus militantes a acudir a una marcha de la organización. En 2019, en vísperas de la repetición electoral a la que Sánchez se presentó con un discurso enormemente beligerante contra el mismo independentismo con el que acabaría pactando su investidura, los socialistas volvieron a sumarse a la convocatoria de SCC, esta vez bajo el lema 'Por la convivencia, por la democracia, por Catalunya: Stop Procés'.

La dirección del PSOE defiende ahora que nadie puede darle lecciones de respeto a la Constitución y reivindica la política de distensión puesta en marcha la pasada legislatura con los indultos y la derogación del delito de sedición como elementos clave para la mejora de la convivencia en Cataluña y para la pérdida de apoyo ciudadano hacia las posiciones independentistas. Algo que, dicen, se plasmó incluso en la celebración de la Diada menos concurrida de los últimos años este lunes y en lo que pretenden perseverar. «Es el momento de la política, de continuar desde el diálogo en una senda que nos permita seguir avanzando», insistió Rodríguez.

Fuentes gubernamentales advierten en todo caso que ponerse en la tesitura de que va a haber una ley de amnistía es «saltarse muchos capítulos». Entre otras cosas, porque aunque ya esté habiendo conversaciones informales, la negociación propiamente dicha con Junts no empezará hasta que Sánchez tenga oficialmente el encargo del Rey para someterse a la investidura. Pero también porque, pese al optimismo mostrado la semana pasada, en el PSOE se respira cierta desconfianza hacia Puigdemont y sus disposición al diálogo.

Por si acaso, en el entorno de Sánchez ya han empezado a dejar caer que una vez hagan una propuesta a la otra parte no se moverán demasiado. Y no descartan por completo la opción de ir de nuevo a elecciones aunque admitan que no es lo que desean. «Con la situación política que hemos tenido en este país, nada es descartable, pero vamos a trabajar para el acuerdo», concluyen.