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Dolores Delgado, en una imagen de archivo. E. P.

El Gobierno coloca a Delgado como fiscal de Memoria Democrática con el aval de la Abogacía

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defiende que el proceso ha sido «absolutamente transparente»

Mateo Balín

Madrid

Martes, 13 de junio 2023, 15:11

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El Gobierno acordó este martes nombrar a la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, accediendo así a la propuesta realizada por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, cuyos integrantes de dos asociaciones sopesan recurrir el nombramiento a la Sala Tercera del Tribunal Supremo por si hubiera sido nulo.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reivindicó este martes que el procedimiento ha sido «absolutamente transparente», porque tanto las bases como la concurrencia a esta convocatoria de plazas en la Fiscalía se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Del mismo modo, la propuesta de la titular de Justicia, Pilar Llop, al Consejo de Ministros ha contado con el aval de la Abogacía del Estado.

Sobre Delgado, la portavoz aclaró que la designación «no supone un ascenso» para la exjefa del Ministerio Público, que ya llegó a la máxima categoría -fiscal de sala- en septiembre, también por decisión de García Ortiz y en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que apoyó a otro candidato.

Relación con Garzón

Estos movimientos se enmarcan en la polémica desatada el pasado jueves, cuando el fiscal general acordó adjudicar a Delgado la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos durante cinco años en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, el principal órgano asesor del responsable del Ministerio Público pero cuyas decisiones no tienen carácter vinculante.

Consideraron que Delgado pudo incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos. El lunes, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que suman siete de los once vocales del Consejo, enviaron sendos escritos al Gobierno advirtiendo de que la propuesta podría ser nula por incumplir la legalidad.

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