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Funcionarios de Justicia atienden a dos abogados en una oficina judicial.
Huelga indefinida en la Administración de Justicia a partir del 17 de abril

Huelga indefinida en la Administración de Justicia a partir del 17 de abril

Los sindicatos tratan de movilizar a los 45.000 funcionarios que dependen del ministerio para exigir una subida salarial digna, tras el acuerdo reciente con los letrados

R. C.

Jueves, 30 de marzo 2023, 23:35

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Se avecina otra huelga en la Administración de Justicia que amenaza con paralizar de nuevo los tribunales españoles, tras las nueve semanas de paro que protagonizó el cuerpo de letrados de la misma (los antiguos secretarios judiciales) hasta sellar el martes pasado un acuerdo de mejoras retributivas. Esta vez son el conjunto de sindicatos con representación destacada en este ámbito a nivel estatal, CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG, los que han convocado un paro indefinido a partir del 17 de abril para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia.

Su principal reivindicación, como la de antes los casi 4.400 Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que estuvieron en huelga desde el 24 de enero pasado, es obtener una subida salarial «digna» –en el caso de los segundos ha supuesto gracias a su pacto con el Gobierno un incremento progresivo de hasta 450 euros brutos al mes desde hoy hasta julio de 2024 y con carácter consolidable-. También reclaman la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que les impone nuevas condiciones laborales sin una previa negociación entre el ministerio y los representantes de los trabajadores públicos.

«Ya no podemos seguir así. Los juzgados se caen en pedazos, la plantilla está sobrepasada, equipos informáticos desfasados, y lo pagan los ciudadanos con una justicia muy lenta», lamentaba este jueves el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán, quien pedía disculpas a los usuarios de este servicio público por las molestias que les pudieran causar pero al mismo tiempo aseguraba que el Gobierno «no nos ha dado otra salida para poder tener más medios y un salario justo», informa Europa Press.

La primera jornada de huelga comenzará el miércoles 17 de abril con paros parciales desde las 10:00 hasta las 13:00 horas todos los días de forma indefinida. Asimismo, el 19 de abril está convocada una jornada de huelga general todo el día, que incluirá una gran manifestación que partirá de la sede del Ministerio de Justicia en la madrileña calle San Bernardo.

«Nula voluntad» del Gobierno

Los sindicatos critican «la nula voluntad del Ministerio de Justicia« para alcanzar un acuerdo que, según dicen, pudieron constatar en la reunión mantenida este jueves por la tarde entre el departamento que dirige Pilar Llop y las centrales representativas de los cuerpos laborales afectados, entre los que figuran el personal de las oficinas judiciales, los médicos forenses, personal del Instituto Nacional de Toxicología, así como de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y también Auxilio Judicial. En 2021 ya tuvieron otra negociación parecida con Gobierno, que se saldó con un incremento de 190 euros del que también se beneficiaron los letrados. Precisamente una de sus principales quejas es la importante diferencia de sueldos entre colectivos.

De manera paralela, los sindicatos convocantes mantendrán reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para tratar de que presenten enmiendas el proyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa «en línea con nuestras reivindicaciones y explicarles el conflicto laboral en la Administración de Justicia». Para UGT resulta «vergonzoso» que el ministerio se haya «prestado a esta ilegalidad» y sólo acceda a mejorar los salarios de los LAJ (los letrados) y no para el resto de los Cuerpos que estamos en las oficinas judiciales«.

La huelga de cerca de dos meses que mantuvo el cuerpo de letrados provocó la suspensión de cerca de 400.000 juicios y vistas, además de perjudicar otras actuaciones de las oficinas judiciales. Esto incluye la paralización de la tramitación de 480.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y la retención de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones (para cuestiones como pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones), según datos de los convocantes.

La nueva convocatoria de paros, esta vez por el resto de funcionarios de Justicia, afecta fundamentalmente a lo que se denomina 'zona ministerio'. Se trata de las comunidades autónomas que no tienen transferidas competencias en esta materia (Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, Baleares y Murcia), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

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