El Poder Judicial escenifica el bloqueo para renovar el TC

Ninguno de los aspirantes logró los 3/5 necesarios del pleno para ser magistrado del Tribunal Constitucional, según marca la Ley Orgánica del Poder Judicial. La misma norma que ha tratado de modificar el PSOE y Unidas Podemos por la puerta de atrás, con la intención de cambiar el sistema de elección, y que abrió en canal las costuras de la corte de garantías tras suspender el lunes por primera vez en su historia la tramitación de una iniciativa parlamentaria para este fin.       

Es decir, estos 3/5 son 11 de los 17 votos en liza en el pleno del CGPJ, ya que el vocal Enrique Lucas –designado en su día por el PNV– no participó en el debate y votación de este martes al haber comunicado previamente su abstención en el procedimiento por ser hermano de uno de los dos candidatos del sector conservador: el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas.     

Lucas, integrante de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) y magistrado de enlace del CNI en el alto tribunal, obtuvo 10 votos. La misma cifra que el otro candidato del grupo conservador, el magistrado César Tolosa, presidente de esta misma Sala del Supremo. Todos los apoyos fueron de los vocales designados en 2013 por el Grupo Parlamentario Popular. A los ocho consejeros más militantes de este bloque se sumaron el también magistrado del Supremo Wenceslao Olea y el jurista Vicente Guilarte, ambos consejeros próximos al anterior presidente del CGPJ, el dimitido Carlos Lesmes.

Por su parte, el único aspirante propuesto por el sector progresista, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, obtuvo los siete votos restantes. Muy lejos de los 11 sufragios necesarios para ir al Constitucional. Bandrés, uno de los fundadores de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, fía ya toda su suerte a la nueva iniciativa legislativa anunciada este martes por el PSOE, tras el varapalo de la corte de garantías, para cambiar el sistema de elección en el CGPJ de los magistrados propuestos al TC: se pasaría de los 3/5 actuales a la mayoría simple.     

En la sesión de este martes se produjo un movimiento por parte del bloque conservador, liderado por el vocal José María Macías, magistrado en excedencia y actual abogado del despacho Cuatrecasas, que da una imagen del enconamiento existente entre los diferentes sectores del Consejo.

Macías y otros cuatro consejeros de este grupo, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y María Ángeles Carmona, pusieron de manifiesto la concurrencia de la causa de abstención en la vocal Clara Martínez de Careaga, que rechazó apartarse. Alegaron que tiene un interés directo en la renovación del Constitucional por ser la mujer de Cándido Conde-Pumpido, miembro del tribunal de garantías y candidato posible a la presidencia de este órgano si se consuma el cambio de mayorías –de conservadora a progresista- con la entrada de los nuevos magistrados: los dos propuestos por el Gobierno más los dos que competen al CGPJ.           

Expusieron que Martínez de Careaga, magistrada del Supremo, no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir el futuro de su pareja, es decir, como expuso «gráficamente» un vocal, «no puede elegir a los electores de su marido». Así lo recoge el voto particular emitido por estos consejeros para mostrar su desacuerdo por no apartarse. Una circunstancia que, de haberse producido, hubiera dejado la mayoría en 10 votos y los dos candidatos del bloque conservador hubieran sido designados.

El próximo pleno está convocado para este jueves, pero los vocales progresistas podrían abstenerse de votar a la espera de que los grupos parlamentarios presenten una nueva proposición de ley.