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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. afp
El ciberespionaje «fue extenso, indiscriminado e imprudente», según Citizen Lab

El ciberespionaje «fue extenso, indiscriminado e imprudente», según Citizen Lab

La conclusiones del grupo de expertos apuntan al «fuerte nexo» del autor con el Gobierno español a través de los centros de inteligencia y seguridad

m. balín

Madrid

Lunes, 25 de abril 2022, 01:09

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El informe forense sobre el ciberespionaje a dirigentes catalanes, políticos, activistas y periodistas del entorno independentista, elaborado por Citizen Lab, un laboratorio privado canadiense, sugiere quién pudo estar detrás de esta vigilancia pero sin señalar a nadie.

Entre las conclusiones del documento se detalla el uso de dos programas espía, Candiru y Pegasus, ambos de origen israelí. El segundo es del Grupo NSO y se vende «exclusivamente» a gobiernos. «Si bien actualmente no atribuimos esta operación a entidades gubernamentales específicas, la evidencia circunstancial sugiere un fuerte nexo con el Gobierno de España, incluida la naturaleza de las víctimas y los objetivos, el momento y el hecho de que se informa que España es un cliente del Grupo NSO», recogen los investigadores.

La gravedad del caso, añade el informe conocido la semana pasada, obliga «claramente» a una investigación oficial para determinar la parte responsable –se sabe que el programa lo compró el CNI–, «cómo se autorizó el hackeo de los móviles, qué marco legal regía y qué control judicial se aplicó, la verdadera escala de la operación, los usos que se le dio al material y cómo se manejaron los datos pirateados, incluido a quién se proporcionó esta información».

Según el centro, el caso es notable debido a la naturaleza «desenfrenada» de las actividades de ciberespionaje, que ha afectado al mayor número de personas (al menos 65) de cuantas investigaciones ha realizado antes el instituto dirigido por el politólogo Ron Deibert. «Si el Gobierno español es responsable de este caso plantea preguntas urgentes sobre si existe una supervisión adecuada sobre las agencias de inteligencia y seguridad del país, así como si existe un marco legal sólido que las autoridades deben seguir para emprender cualquier actividad de piratería». 

Formalmente, las operaciones de las agencias de seguridad de España (CNI) son supervisadas por un juez del Supremo. Sin embargo, concluye el informe, «es difícil concebir cómo un mecanismo de supervisión que funcione correctamente permitió el ciberespionaje extenso e indiscriminado y, en algunos casos, imprudente» de numerosos cargos catalanes.

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