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Las multas de 300 euros a quienes son sorprendidos orinando en la calle no logran frenar las infracciones y Salamanca ha decidido dar el primer paso para un severo endurecimiento de las sanciones. Elevar la cuantía hasta los 500 euros por caso ha abierto un debate municipal que ha terminado en una decisión, unilateral del grupo popular, que deja de lado nuevas medidas que podrían pasar por parcelar la ciudad o sancionar con dureza no sólo en la Plaza Mayor, sino en toda la zona histórica. Y de paso se iguala con las deyecciones de animales, en las que también aumenta la multa hasta 500 euros.
La multa tipo será a partir de ahora de 500 euros, igual que lo era de 300 por una decisión similar. Por ordenanza, y como infracción de carácter leve, podría elevarse hasta 750 euros. Así que no se cambia nada de la ordenanza de convivencia, sólo se toma la decisión de elevar la multa tipo por este comportamiento. Así se aplicará para toda la ciudad y, se supone, también para la otra ordenanza que lo multa, la de uso de la Plaza Mayor.
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A razón de una decena de actas de media por fin de semana, la fea costumbre de orinar en la calle se abre paso en Salamanca a pesar de la vigilancia y las sanciones. Durante 2023 se pusieron más de 900 multas por esta infracción y a pesar de la vigilancia y el aumento de la sanción económica hace unos años, la cifra se mantiene en el entorno del millar de personas sorprendidas cada año en este acto incívico.
Se trata de la infracción más frecuente a la ordenanza de convivencia y una de las más habituales de cuantas sanciona la Policía Local. En su reciente memoria de 2023 son muy pocas las cuestiones más multadas. El problema es global de la ciudad, pero las actas se concentran en los barrios del centro.
Según los datos municipales, sólo infracciones de tráfico y ruidos acumulan netamente más sanciones, y siempre por varios preceptos, no por el único y exclusivo de realizar las necesidades fisiológicas en la vía pública. Y acaparan el 85% del millar largo que se ponen por vandalismo y gamberradas. Por ponerlas en contexto, son tantas como las que pone Tráfico al cabo del año en la provincia por conducir hablando con el móvil.
Según la memoria, durante el año pasado se tramitaron 911 denuncias por realizar necesidades fisiológicas en vía pública por parte de humanos; el 90% son por orinar, pero también las hay por escupir, que está igualmente multado. De esas 911 multas, 865 se concentran en la almendra central repartidos entre los barrios Centro (645), Úrsulas (140) y Las Claras (79).
Este tipo de infracciones no suelen venir solas. Como explica la Policía Local, dado el horario al que se producen las actas y el estado de influencia de diversas sustancias, a la sanción por orinar en la calle se suelen sumar otras por negarse a la identificación u oponerse activamente a la misma con el inicio de diligencias en 171 ocasiones. Uno de los casos es el conocido en el que, identificados por estar defecando en la plaza del mercado, se encararon con los agentes que les reprocharon y les agredieron.
Este comportamiento ya está sancionado y se endureció en febrero de 2020, pero no ha sido eficaz. La multa pasó de 150 a 300 euros, la mitad por pronto pago. Se decidió equipararla doblando la sanción económica por infracciones leves a la ordenanza de limpieza y convivencia ciudadana. Y ha llegado el debate municipal.
Se inició hace tres semanas como una propuesta de último momento, fraguó la semana pasada con varias tomas de postura y propuestas diversas y, por sorpresa, se ha zanjado este miércoles. El grupo popular, que sostiene al equipo de Gobierno, ha llegado a la comisión con su propuesta de la semana pasada, subir la multa a 500 euros de manera general, y ha informado a los grupos que la iba a aplicar. Y ahí ha terminado el enriquecimiento de la propuesta.
En la púltima reunión de la comisión de Medio Ambiente, la competente para gestionar estas sanciones, se abrió una controversia sobre la necesidad de hacer algo para frenar la proliferación de multas por orinar en la calle. Cada semana, esta comisión examina no menos de una decena de casos de media y tiene la medida real del problema. La semana pasada hubo propuestas y ahora se ha resuelto con una medida, compartida en parte, pero unilateral en último término.
La semana pasada, los grupos municipales pusieron varias propuestas sobre la mesa, pero totalmente decididos a dar un paso y subir la multa, eso estaba claro. Y hoy el consistorio lo ha hecho público en unta nota. La cuestión se dejó para la comisión de esta semana y se ha resuelto. Desde el PP, en el Gobierno, la concejala María José Coca planteaba elevarla a 500 euros; la misma cuantía se aplicaría a quienes no retiren las deyecciones de los perros.
Lo justifica en que el hecho de que las personas realicen sus necesidades fisiológicas en la vía pública deriva en problemas de insalubridad, malos olores, degradación del entorno y ensuciamiento y redunda en elevados costes económicos por la necesidad de aportar servicios específicos y continuados de limpieza con agua a presión con detergentes.
Desde el equipo de Gobierno se asume que el aumento de cuantía de la multa no ha sido eficaz y que la mayoría de infracciones se producen en la zona centro, como se demuestra en las estadísticas de la Policía Local.
También la concejala popular Myriam Rodríguez explicó, como exconcejala del área, que la mayoría de ocasiones se trata de personas que salen de locales de zonas de ocio nocturno a realizar sus necesidades en la calle.
Los otros grupos también tenían su postura. El concejal de Vox, Alejandro Pérez de la Sota, recordó que en el primer debate se habló de diferenciar la multa por zonas, algo novedoso en cierto modo. Ahora mismo, ya se sanciona por dos vías: por hacerlo en cualquier calle como parte de la ordenanza de convivencia y por hacerlo en la Plaza Mayor. En los dos casos, es la misma cantidad.
Desde Vox se plantea diferenciar la multa para todo el centro histórico y la zona de declaración patrimonio, con 500 euros, y el resto de la ciudad con 400, lo que también supondría elevarla. No obstante, el secretario de la comisión explicó que la mayoría de infracciones son en el centro y que, salvo la Plaza Mayor, no afectan a monumentos BIC en concreto, sino a la zona en general.
Vox propuso un básico de en torno a 350 euros que se podría aumentar en función de las circunstancias agravantes que concurrieran y 500 euros en zona monumental. Y estuvo de acuerdo en subir a 500 euros las de los perros. Sin embargo, el concejal de Vox se ha encontrado hoy con la decisión tomada.
La concejala del PSOE, María Jesús Santa María, se mostró conforme con diferenciar entre centro histórico y resto de la ciudad, pero el grupo socialista pidió poner más urinarios públicos. Este es un debate habitual, ya que hace años que se decidió que todas las instalaciones públicas tuvieran baño de acceso público y también los bares de parque ante la casuística de personas mayores que lo necesiten.
Sin embargo, el equipo de Gobierno asegura que que no se trata de poner más urinarios, como ha propuesto en alguna ocasión el PSOE. Ante este debate, el secretario de la comisión aseguró que en 20 años sólo una vez se puso una sanción a una persona mayor por orinar en la calle por no encontrar un baño, y que se archivó.
El Grupo Municipal Socialista proponía hacer una distinción entre zona monumental y zona BIC, en ésta 400 ó 500 euros y para el resto mantener 300 euros.
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