Condenados dos empresarios de Salamanca por fraude fiscal de más de un millón de euros con facturas falsas
El fraude se articuló mediante facturas falsas emitidas por sociedades sin actividad real controladas por uno de los condenados
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado las condenas a tres implicados en una compleja trama de fraude fiscal orquestada a través de una empresa de Salamanca dedicada a la compraventa de aceite usado. La sentencia detalla una operativa fraudulenta por la que se defraudaron más de 1,1 millones de euros en IVA mediante el uso de facturas falsas emitidas por sociedades instrumentales sin actividad real.
El tribunal ha impuesto penas de prisión, multas e inhabilitaciones tanto a personas físicas como a la propia empresa implicada. El administrador único de la empresa ha sido condenado a 1 año y 3 meses de cárcel y multa de 284.665 euros, al reconocerse las atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas. Por su parte, el considerado pieza clave en la red ha recibido una condena de 3 años de prisión y multa de 227.732 euros, además de la prohibición de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante seis años.
Según el fallo, ambos urdieron en 2014 un plan para inflar artificialmente las deducciones de IVA a través de facturas falsas emitidas por sociedades pantalla. Estas empresas no tenían empleados, actividad real ni infraestructura, y estaban controladas por testaferros.
La actividad ilícita permitió a la empresa deducirse de forma indebida más de un millón de euros. La investigación comenzó tras una inspección de la Agencia Tributaria en 2018, en la que se incautó documentación que evidenció el fraude. El administrador de la empresa, en su declaración ante la Guardia Civil y el juez instructor, reconoció plenamente los hechos, lo que facilitó la instrucción del caso.
El tribunal también ha acordado la prohibición definitiva de actividad para las sociedades interpuestas utilizadas en el fraude, y ha ratificado que la empresa deberá indemnizar junto con los condenados a la Agencia Tributaria por el importe total defraudado, más intereses, con una cuantía inicial de 1.138.660,99 euros.
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