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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca el pasado 27 de octubre de 2023 para los acusados, un hombre y una mujer por la trata de personas en Salamanca. El varón, por delito de trata de seres humanos, a la pena de 6 años y 10 meses de prisión, así como a la pena de prohibición de aproximación a una distancia inferior a 250 metros de la víctima y la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante 10 años, mientras que la mujer fue condenada como cómplice de trata de seres humanos a las penas de prisión de 2 años y 6 meses por el primero de dichos delitos, y de 2 meses de prisión por el segundo sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Además, ambos deberán indemnizar, en tres cuartas partes él y en una cuarta parte ella, a la víctima de tales delitos en la cantidad de 18.000 € por el trastorno producido y 2.000 € en concepto de daños morales.
En cuanto al hombre, en la primera sentencia se declaró probado que el acusado, de Venezuela, se puso de acuerdo con otras personas para captar mujeres aprovechando su situación de precariedad económica; así, les ofreció dedicarse a la prostitución en circunstancias muy ventajosas como medio de solventar su ausencia de recursos.
Como expresaba la sentencia «realmente el objetivo era lucrarse de la explotación de esta mujer valiéndose de su situación de vulnerabilidad que permitía su sometimiento y aseguraba que no pudiera abandonar las circunstancias abusivas que padecía, al carecer de medios ciertos para ello, obligada al pago de una deuda y con temor real a las consecuencias del incumplimiento de las condiciones impuestas (como horarios estrictos, disponibilidad total para atender a los clientes salvo un periodo de descanso reducido, obligación de entregar todo el dinero obtenido, abono de una deuda, de forma que, en concreto se comprobó en uno de los pisos registrados que en 12 horas se habrían facturado cantidades cercanas a los 2000 € por medio de pagos hechos con tarjetas de crédito y no podemos olvidar que también se admitían según los anuncios pagos en metálico y en bizum que eran muy frecuentes; había apuntes de los servicios y más o menos se podría deducir que cada empleada hacía unos 14 servicios sexuales al día y trabajaba unas 15 horas al día).
Además, participó en la distribución de las actividades destinadas a la captación de las mujeres, desplazamiento ilegal, disponiendo lo necesario para el viaje hasta su destino y alojamiento en pisos donde era efectivamente explotada la víctima tanto en Salamanca como en diversas localidades de Francia y Países Bajos y recaudar y gestionar el dinero obtenido procediendo a su envío a cuentas bancarias de varios países para sufragar los gastos del traslado de la víctima y enriquecerse ilícitamente haciendo suyo en su mitad el dinero generado por la víctima. En concreto, el condenado se encargaba de la compra de billetes para materializar el traslado ilegal y alquilaba los apartamentos en que alojaba a las mujeres para ejercer la prostitución, a sabiendas de su precaria situación y aprovechándose de ésta. Asimismo, se ocupaba de recaudar el dinero procedente de la explotación de las víctimas a través de envíos de dinero y transferencias bancarias.
Por último, también colocaba anuncios en internet ofreciendo servicios sexuales de las mujeres prostituidas y aseguraba el traslado hasta las viviendas destinadas a su explotación. Realizaba envíos de dinero a Colombia y Venezuela destinados al pago de los gastos del viaje de las víctimas. Con respecto a la mujer, colaboraba en el control de los pisos para asegurar la explotación.
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