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F. Oliva
Domingo, 24 de septiembre 2023, 20:15
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Los salmantinos con carné rozan los 200.000 que cuentan con algún permiso o licencia para conducir, pero ¿están todos en condiciones de ponerse al volante? Los exámenes médicos habituales cuando vamos a renovar el carné de conducir son la garantía, pero además de por sanciones o voluntad propia, existe un proceso por el que podemos quedarnos sin carné y que hace que unos 30 conductores lo pierdan cada año en Salamanca.
Protagonizar un accidente, una conducción errática observada por una patrulla de tráfico o el aviso de las autoridades sanitarias puede dejarnos sin permiso, sin necesidad de haberlo perdido por falta de puntos, delitos o infracciones. El proceso está regulado por ley y, aunque en pocos casos, sí se está aplicando en Salamanca y acaba sacando de la carretera a conductores.
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En la actualidad, el censo de conductores de Salamanca es de 199.009 según datos de la DGT correspondientes al año 2022. De ellos, la capital totaliza 87.241 personas con algún permiso vigente; hace seis años eran 89.908, con lo que cerca de 3.000 salmantinos han abandonado la lista de los que pueden conducir. Muchos lo hacen de forma voluntaria, pero en algunos casos interviene Tráfico al comprobar que no están en condiciones.
La Ley de Tráfico prevé la posibilidad de declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por desaparición de los requisitos exigidos para haberlo otorgado. Esta posibilidad se encuentra desarrollada por el Reglamento General de Conductores al establecer en su artículo 36 el procedimiento de pérdida de vigencia por la presunta desaparición de conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos esenciales para la circulación.
El proceso, según explican desde la jefatura de tráfico de Salamanca, puede arrancar cuando un conductor es sorprendido conduciendo de manera anómala o tras cometer una infracción. En Salamanca sí se están detectando casos, la mayoría, de conductores de cierta edad.
Cuando se produce una situación así, se invoca el artículo 36 del reglamento de conductores y se inicia un proceso para comprobar si un conductor conserva las aptitudes que se exigían cuando se le concedió el permiso. En 2022, la jefatura provincial inició 62 de estos procesos, de los cuales 27 terminaron con la retirada del permiso o la suspensión cautelar de su vigencia por pérdida de facultades.
En la práctica totalidad de los casos, explican desde la jefatura de Salamanca, el proceso arranca se solicita informe a la Autoridad Sanitaria, pero pueden aportarse los informes, asesoramientos o pruebas que estime oportunos la jefatura de Tráfico competente.
La sospecha de que un conductor no está en condiciones para ponerse al volante puede llegar por diferentes canales. Puede ser un aviso de las autoridades sanitarias, llegar a través de Centros de Reconocimiento de Conductores, que comunica los no aptos en los exámenes. También puede llegar a través de denucias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y otros cuerpos, de los Juzgados, de mutuas médicas, empresas o servicios de prevención, con respecto a sus propios trabajadores.
También está previsto que el INSS ponga en conocimiento de Tráfico aquellas declaraciones de incapacidad permanente como consecuencia de limitaciones que disminuyan o anulen la capacidad de trabajadores profesionales. En ocasiones se hace también por petición de servicios sociales o de familiares del propio conductor.
En la actualidad, España no cuenta con ninguna limitación de edad para seguir renovando el carné de conducir, aunque sí medidas específicas. Hasta los 65 años, los permisos se renuevan por diez años, pero a partir de esa edad sólo se conceden por períodos de cinco años. Y la DGT está abierta a endurecer los controles a estos conductores, especialmente a los más veteranos, por la pérdida de capacidades físicas relacionadas con la edad. En el conjunto de España, de los casi 15 millones de titulares del permiso B, el de turismos, 3,2 millones tienen 65 años o más.
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