Las duras multas que plantea Salamanca por no retirar el amianto de mil edificios

La nueva ordenanza municipal contempla que el Ayuntamiento podría asumir obras y pasar las facturas correspondientes a los que no retiren a tiempo el amianto de sus edificios e imponer cuantiosas sanciones coercitivas de hasta el 100% del importe de la obra a ejecutar. Una factura que puede rondar los 3,6 millones de euros y que se llegaría a duplicar para los que reciban multas.

La retirada del amianto de un millar de edificios de Salamanca va a obligar a muchos propietarios, desde comunidades a instituciones, a tomarse muy en serio una obligación para la que este 2025 empieza una cuenta atrás con severas multas para los que no cumplan los plazos. Así se desprende de la nueva regulación municipal que está a punto de aprobarse.

La comisión de Fomento tiene previsto tratar esta semana que viene la nueva ordenanza que regulará la retirada del amianto presente en los edificios de Salamanca. Como ya se anunció, el censo elaborado ha detectado la presencia de este material cancerígeno y ya prohibido para la construcción en un millar de edificios.

Según los cálculos iniciales, son 240.000 m2 afectados y su coste de retirada es elevado porque se trata de una operación compleja. Y hay una serie de plazos bastante estrictos que el consistorio no está dispuesto a perdonar. De hecho, no habrá atajos ni se concederán permisos de ningún tipo de obra que tenga pendiente la retirada de materiales con presencia del peligroso material.

Según se aprobó en su día, antes de que acabe 2025 tendrán que haber hecho una inspección y detección de amianto los edificios más prioritarios, entre los que se encontrarían centros educativos, instalaciones deportivas, centros sanitarios y sociales y sedes públicas en general. De todos estos casos existen numerosos ejemplos en Salamanca de edificios con amianto en cubiertas y estructuras.

Los titulares de estos edificios, particulares, comunidades e instituciones, tienen hasta finales de 2025 para hacer la inspección y hasta el último día de 2026 para proceder a la retirada conforme a la normativa. Es decir, dos años como máximo para una tarea complicada y cara. Y quienes no cumplan tendrán que enfrentarse a graves consecuencias.

Según la ordenanza, el informe técnico de localización hay que entregarlo dentro del año que corresponda a la prioridad, 2025 en los de nivel 1, pero puede ser incluso antes en el caso de instalaciones públicas. La falta del informe puede derivar en una ejecución subsidiaria, que haría el ayuntamiento, pero que cargaría los gastos en la propiedad, además de posibles sanciones.

En cuanto a la retirada, antes de acabar 2026 en los casos más urgentes, la falta de ejecución derivará en apercibimientos, primero, y fuertes «sanciones coercitivas» después. Estas multas pueden imponerse hasta la retirada total del amianto y pueden ser hasta diez consecutivas, mensuales, por un 10% del importe de la obra.

Un propietario o titular que recibiera el número máximo de multas podría llegar a pagar en sanciones el equivalete a la obra que tenga que ejecutar, que doblaría su coste entre ejecución y multas. Y eso que el cálculo inicial es que, en toda la ciudad, la retirada de amianto cueste al menos 3,6 millones de euros.

El coste depende del número de metros cuadrados afectados y, aunque es variable, también es seguro que la factura será alta. La empresa salmantina Calabré y Tomé Ingenieros se ha hecho cargo de la detección y censos de numerosos municipios del alfoz de Salamanca y en otras provincias. Detecta la presencia de este material con un sistema que aplica la inteligencia artificial y lo encuentra al 97%.

Según sus cuentas, el coste de retirada rondaría los 15 euros por metro cuadrado de superficie catastral afectada, «aunque no es lo mismo tener que hacerlo en un suelo que quitarlo de un quinto piso, que hay que contar con maquinaría».

Además, y aunque el informe de detección que ha encargado el consistorio se centra en las cubiertas, es un material muy extendido en las construcciones residenciales. Las mayores concentraciones se dan en núcleos del barrio de San José.

Por poner algunos ejemplos, en el caso de instalaciones municipales ha aparecido mucho amianto en los tejados de los vestuarios y edificios auxiliares del campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme', donde entrenan los equipos del Hergar. Son 190 m2 según lo detectado por la empresa de Calabrés y costaría más de 20.000 euros retirarlo. Ocurre lo mismo en casetas y construcciones del campo de fútbol de La Salud. Y en una docena larga de colegios, institutos y centros educativos que lo conservan

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