El informe del Defensor del Pueblo recoge 20 entidades religiosas donde hubo abusos sexuales en Salamanca

En ese anexo de localizaciones, en las que pudo cometerse más de un abuso, y en el que se incluyen más de 80 entidades religiosas en Castilla y León, aparecen 20 localizaciones en la provincia de Salamanca, concretamente 14 en entidades estarían ubicadas en la capital del Tormes, y las otras seis en las localidades de Alba de Tormes, Espeja, Peñaranda de Bracamonte, Guijuelo, Ciudad Rodrigo y Sequeros.

Respecto al tipo de institución religiosa, hay de todo entre las localizaciones que aparecen en el informe referidas a Salamanca. Concretamente serían un aspirantado, un club social, 4 colegios, 6 parroquias, 1 residencia, 4 seminarios y tres domicilios particulares. Exactamente, el anexo recoge estas localizaciones: Aspirantado de La Salle Tejares (Salamanca), Club Social Kostka Residencia Jesuita Salamanca, Colegio Padres Trinitarios Salamanca, Colegio Salesiano Salamanca, Colegio San Estanislao de Kostka Salamanca, Colegio Seminario San Jerónimo Alba de Tormes (Salamanca), Parroquia Espeja (Salamanca), Parroquia Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Parroquia Asunción de Nuestra Señora Guijuelo (Salamanca), Parroquia de Santa Teresa Salamanca, Parroquia El Milagro de San José Salamanca, Parroquia San Julián Salamanca, Residencia Juniorado Jesuita Salamanca, Seminario de La Salle Salamanca, Seminario de Salamanca de los Padres Redentoristas Salamanca Seminario Mayor Diocesano Salamanca, Seminario San Cayetano Ciudad Rodrigo (Salamanca), Domicilio particular Salamanca , Domicilio particular Salamanca, Domicilio particular Sequeros (Salamanca).

Los datos que se han utilizado para realizar el informe proceden de personas entrevistadas por la Unidad de Atención a Víctimas, respuestas recibidas de los obispados, arzobispados y superiores de instituciones de vida consagrada y los cuatro dossieres entregados por el periódico El País. En el caso de Salamanca, en la mayor parte de ellos, 12 en concreto de los 20, la fuente de información fueron las entrevistas de la Unidad de Atención a Víctimas del Defensor del Pueblo. Aunque en una de esas localizaciones también fue informada por el obispado y aparecía también en los dossieres de El País, y otras más también esta informada por la unidad y el obispado. Además, el obispado informó de otras tres más y El País de otras 5.

Según el informe entregado por el titular de la organización, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, un 0,6% de la población interrogada fue agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, proporción que sube a un 1,13% si los abusos se miden dentro del «ámbito religioso», lo que incluye por ejemplo a catequistas, monitores y profesores que trabajan en entidades dependientes del clero. «Durante mucho tiempo [las autoridades eclesiásticas] han permanecido inactivas ante la realidad de los abusos sexuales y no han realizado los esfuerzos necesarios para proteger a los menores», argumenta el informe, que recomienda la creación de un fondo estatal para conceder indemnizaciones a las víctimas de abusos, fondo en el que la Iglesia deberá tener un papel «fundamental», informa la agencia Colpisa.

El informe no hace una extrapolación estadística de las conclusiones de la encuesta, elaborada con una muestra de 8.000 entrevistados. Es más, Gabilondo se negó a cuantificar en repetidas ocasiones el número de damnificados, pero del trabajo sociológico se desprende que la magnitud del fenómeno alcanza a cientos de miles de perjudicados. Si se va más allá, se observa que un 11,7% de las personas interrogadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Y un 3,36% sostiene que esa agresión aconteció en el ámbito familiar.

«Los testimonios recogidos revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas», deploró Gabilondo, quien arguyó que de la Iglesia cabe esperar «ejemplaridad».

En lo que concierne a las entrevistas con los damnificados, los expertos de la Unidad de Atención de Víctimas que creó la institución han recabado «información relevante sobre 487» damnificados. De ellos, tres cuartas partes (el 84%) son hombres. Si se atiende al informe, un tercio de ellas «señaló haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza, de estigmatización y de acción suicida».