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El nuevo portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota, sospecha de un «uso indebido» de fondos del grupo municipal por su antecesor, Ignacio Rivas, al que ha acusado de no facilitarle las cuentas pese a los reiterados intentos para conocer el destino que se daba a estos fondos.
El grupo político recibe una subvención anual del ayuntamiento para sufragar sus gastos de actividad y esta cantidad es a la que se refiere Pérez de la Sota. El reciente portavoz asegura que la única manera de acceder a esos datos era relevar en el cargo a Rivas, cosa que se hizo este lunes por la mañana en una tensa reunión de grupo.
En medio de una gran expectación, los dos concejales críticos del grupo municipal en el Ayuntamiento han desgranado los motivos por los que decidieron hacer este movimiento. Además de confirmar que el asunto tiene que ver con la deriva del partido y que lleva en marcha desde hace siete meses, y con conocimiento de la dirección nacional, han explicado que detrás de una decisión tan radical están las sospechas de uso indebido de fondos municipales.
De la Sota ha explicado que tienen «indicios racionales» de mal uso de esos fondos municipales, pero ha aclarado que no están diciendo que su antecesor se esté llevando el dinero, «pero sí que lo ha consentido».
Según sus datos, el beneficiario no es Rivas, sino el partido, ya que se ha usado este dinero para comprar bienes cuando el reglamento del ayuntamiento de Salamanca no permite dar ese uso a este dinero. Añaden que esto está ocurriendo en más ayuntamientos.
«Es la única manera de acceder a toda la información», ha asegurado sobre el movimiento para tomar el control del grupo municipal por la fata de transparencia de Rivas. «No puede exigir una cosa en el pleno y actuar de forma contraria en el Grupo Municipal», refirió, en cuando a esta petición de información sobre las cuentas municipales, de las que aseguró no haber sido partícipe en ningún momento.
Este «uso indebido» que Pèrez de la Sota, abogado de profesión, aparta de cualquier acusación de delito o infracción administrativa se refiere a la adquisición de bienes patrimoniales con la asignación del Grupo Municipal, algo que «está expresamente prohibido» por el reglamento del Ayuntamiento. Estos bienes, que no especificó aunque ejemplificó mencionando un ordenador o un teléfono móvil, no habrían sido para su beneficio personal, sino «del grupo municipal o del partido». «No estamos trabajando con sospechas o suposiciones, estamos trabajando con algo más. Pero necesitamos cerrar el círculo», apostilló.
No obstante, el propio Pérez de la Sota adoptó el compromiso ante los medios de comunicación de entregar su acta de concejal en caso de no poder demostrar esta acusación, una vez tengan acceso a todos los documentos. «Si no es así, asumo la responsabilidad de haber roto el grupo municipal, pido perdón y entrego mi acta de concejal», certificó. En cualquier caso, tanto Pérez de la Sota como Carpio exculparon la honorabilidad de Rivas más allá de esta circunstancia. «No decimos que se esté llevando dinero para sí mismo. En absoluto», zanjó.
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