Podemos denuncia la anunciada subida del agua del 8,7%
El partido morado considera que el Ayuntamiento debe soportar el aumento con cargo al canon anual del agua que le reporta 4 millones de euros
El Ayuntamiento de Salamanca celebra el próximo viernes, 21 de octubre, un pleno extraordinario para modificar 12 de las 100 Ordenanzas fiscales que dispone el consistorio, entre las que figuran las anunciadas subidas del 8,7% del agua, a las que se opone Podemos.
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El partido morado considera que los ciudadanos no deberían pagar esta subida del agua, ya que «el Ayuntamiento recibe anualmente un canon de 4 millones de euros de la empresa que gestionan este servicio. Todos los años tenemos que recordar que de esa cantidad, solo una parte, en torno al millón y medio de euros, se destina a la renovación de redes de agua». Los otros 2 millones y medio, los destina el equipo de Gobierno «al pago de otros proyectos del Ayuntamiento que nada tienen que ver con el agua. De esta forma, los salmantinos estamos pagando no solo el coste del agua que consumimos sino también otros servicios y proyectos de otra índole», apunta Carmen Díez, concejala de Podemos.
«No repercutir el IPC a las tarifas de agua, alcantarillado y depuración en 2023 supondría para el ayuntamiento dejar de recaudar 1,7 millones de euros. Pero con lo que recauda del canon, 4 millones, hay dinero suficiente para que el Ayuntamiento se haga cargo de esta subida y con ello proporcionar un cierto respiro a las familias de Salamanca. Y el resto dedicarlo a la renovación de redes».
Por todo ello, Podemos Salamanca «presentará alegaciones a la propuesta municipal en el periodo de exposición pública que se abrirá tras la aprobación del pleno del viernes», señala la concejala que anima «a la gente a que haga lo mismo. No es de recibo que en las épocas que vienen mal dadas paguemos los de siempre».
Fin a las fianzas obligatorias
En el pleno, Podemos también pedirá que se supriman las fianzas obligatorias que impone esta Ordenanza al darse de alta en el servicio y que no se devuelven hasta que el usuario se da de baja. «Es absurdo obligar a una Comunidad de Vecinos a que haga una fianza para poder acceder al agua. Por ejemplo, una comunidad de 100 vecinos tiene que depositar 1.556 euros que le devolverán cuando la comunidad deje de existir, lo cual no ocurre. Y mientras la empresa Aqualia, dispone de todas esas fianzas en depósito. Podemos calcular que en torno a 3 millones de euros de los salmantinos están siendo retenidos de forma no justificada en las cuentas de la empresa», concluye Carmen Díez.
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