El retraso del trámite para eliminar el peaje de la autopista Salamanca- Madrid siembra dudas para 2029
El ministerio de Transportes tiene pendiente hacer público el informe sobre el fin del pago en la AP-6 y su posible liberalización: si no se hace se prorrogaría otros siete años
La liberalización del peaje del trayecto de autopista que une Salamanca con Madrid está tensando los ánimos entre PP y PSOE a medida que se acerca la fecha para decidir qué hacer. El Gobierno está ya pendiente de un informe para adaptar el principal tramo de pago a la nueva situación, previsiblemente con más tráfico, y de hecho el plazo para recibir un estudio que ha costado casi un millón de euros está a punto de expirar.
Mientras tanto, y sobre la base de que el tramo será gratuito a partir de 2029, de momento los miles de usuarios pagan una de las tarifas más altas de todos los peajes de autopista que sobreviven en España.
Según los datos ministeriales, en España hay aún doce tramos de autopista con peaje de los que cinco se encuentran en Castilla y León. Uno de ellos es el de la AP-51, un ramal de la AP-6 que enlaza la segoviana Villacastín con la ciudad de Ávila y que es la ruta más habitual de los miles de conductores salmantinos que van a Madrid en coche y de los que lo hacen por carretera en bus, 11.000 al día según un antiguo estudio.
El contrato expira dentro de menos de cuatro años, en 2029, y aunque hasta 2027 su precio irá subiendo cada año para compensar a las titulares, una vez finalice su vigencia estará lista para convertirse en gratuita. El objetivo del Gobierno es acabar paulatinamente con estos peajes a medida que vayan terminando las concesiones que se hicieron en su día y a la AP-51 y los otros ramales de la AP-6 les toca en 2029. Si no se hace, habrá que licitar otro contrato de concesión por siete años que empujará a prorrogar el pago.
Sin embargo, este jueves el PP de Segovia ha asegurado que sospecha que el Gobierno prepara el terreno para mantener los peajes entre Segovia y Madrid, en la AP-6, a la que pertenece el ramal de Villacastín. Lo ha hecho acusando de falta de transparencia al Ministerio de Transportes sobre el informe encargado para analizar las alternativas a la continuidad de los peajes a partir de noviembre de 2029, cuyo primer avance debía presentarse el pasado 16 de agosto y del que nada se sabe. El PSOE ha insistido en que el objetivo del Gobierno es hacer desaparecer los peajes existentes entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid en cuanto sea posible.
Un peaje de los más caros
Mientras tanto, el peaje no deja de subir. El ticket de autopista para hacer el trayecto Salamanca-Madrid ya cuesta 13,90 euros por trayecto completo para un turismo y encarece la factura por este viaje que es uno de los más habituales de los salmantinos. Y subirá todos los años hasta 2027 para compensar una antigua cuenta pendiente.
Con esa tarifa, es uno de los más caros por kilómetro de todo el país. Según el informe de AEA, los automovilistas que atraviesen los Túneles de Artxanda en Bilbao, de apenas 3 kilómetros de recorrido, pagarán 0,50 euros por cada kilómetro. El trayecto de la Ap-6 entre Villalba y Adanero cuesta 0,21 euros el kilómetro y está entre los diz más caros.
Un estudio para redimensionar esta conexión
La hoja de ruta para que este peaje deje de ser de pago está marcada por el ministerio de Puente. Transportes fijó un plazo de 8 meses para contar con un primer diagnóstico de la situación del tramo de la autopista AP-6 desde Adanero, en Ávila, a Collado Villalba (Madrid) cuando finalice la explotación por parte de una empresa privada. Ese plazo expira este mes de agosto porque el contrato se adjudicó en noviembre de 2024.
El diagnóstico debe cuantificar la redistribución de tráfico y la capacidad de acogida de nuevas infraestructuras de la autopista. Eso incluye marcar alternativas con nuevos elementos como estaciones de servicio o aparcamientos para condiciones adversas, ya que este tramo tiene habitualmente problemas de nieve.
También se plantea incorporar carriles adicionales, medidas de protección contra el ruido o sistemas inteligentes de transporte. Después, hasta un plazo de 30 meses, se establecerá la alternativa más adecuada y se realizará el estudio informativo, incluyendo la declaración de impacto ambiental necesario para la obra seleccionada. Esos treinta meses llevan hasta finales de 2028, casi al punto en el que se deberá decidir su gratuidad.
