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La aprobación 'a la segunda' del decreto ómnibus garantiza una importante revalorización de las pensiones que inyectará unos 50 millones de euros a los 82.000 pensionistas salmantinos que las tienen vigentes y que viven de ellas. Una suma que se ve aumentada por el dinero que se queda en los bolsillos por las ayudas al transporte, pero que se verá recortada por lo que se perdería en la tributación del nuevo salario mínimo o lo que tendrá que pagar los autónomos que han cotizado de menos.
Todos los grupos parlamentarios del Congreso a excepción de Vox, que votó en contra, y UPN, que se abstuvo, apoyaron este miércoles el paquete de medidas sociales que el Gobierno tuvo que adelgazar después de que PP y Junts tumbaran el 22 de enero el primer intento de sacar estas propuestas adelante mediante un decreto ómnibus.
Iniciativas como el mantenimiento de las ayudas al transporte, la subida de las pensiones o las ayudas a los afectados por la DANA en Valencia, entre otras, concitaron una inusual mayoría absoluta de 315 votos a favor en la Cámara baja. Un consenso que no se trasladó, sin embargo, al tema de la tributación del SMI recién incrementado. Un debate que tiene como resultado una serie de sumas y restas al bolsillo de los salmantinos.
La parte más beneficiada es la de las pensiones. La revalorización de las pagas ya se hizo efectiva en enero, pero quedó en suspenso tras pasar el decreto ómnibus por el Congreso a finales de enero. De no haber prosperado ahora, la subida quedaría congelada.
En concreto, las pensiones suben un 2,8% con carácter general; las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 9%, y las de viudedad con cargas familiares un 9,1%.
En euros, la pensión media sube unos 600 euros al cabo del año, un ingreso extra que se traduce en 49,6 millones de euros adicionales para los 82.000 pensionistas de la provincia; pensiones que, en muchos casos, representan los ingresos de muchos hogares y el dinero que entra en muchos municipios.
A esta cantidad se sumará el impacto en el bolsillo de los ciudadanos de Salamanca el ahorro en los transportes hasta el 1 de julio, tanto para los usuarios de los trenes como para los del bus urbano de la capital, dos de los medios con más viajeros y afectados por esta medida que ahora sale adelante.
Cuando se frenó el decreto, muchos usuarios ya se habían sacado los abonos válidos para el primer trimestre para los principales destinos, el Alvia a Madrid y los trenes y autobúses a la capital y hacia Valladolid.
Además, ahora ya tendrá efecto la rebaja de los bonobúses urbanos de Salamanca, que seguirán hasta el 50% de precio hasta el próximo día 1 de julio, cuando decaerá la medida. El ayuntamiento había calculado que, de asumirlo en solitario, le hubiera costado en torno a 2 millones de euros al cabo del año.
El salario mínimo aportará un ingreso extra de unos 700 euros más al cabo del año para los miles de salmantinos, unos 15.000 trabajadores, que cobra un salario equivalente al SMI. Alcanzará los 1.184 euros mensuales en 14 pagas con carácter retroactivo al 1 de enero de 2025.
El sindicato UGT ha cifrado en 115.000 las personas beneficiadas en la comunidad autónoma de Castilla y León por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) rubricada este lunes por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a 14.950 en Salamanca.
Sin embargo, está en cuestión todavía si tendrán que pagar IRPF por este incremento de renta, que es lo que considera Hacienda, o si por contra queda exento como quiere Trabajo. Si tributan, cerca de la mitad del incremento, unos 290 euros al año, se irán a las arcas públicas.
Cerca de una cuarta parte de los autónomos está cotizando menos de lo que debería a la Seguridad Social y deberá regularizar sus cuotas, otra cuarta parte, por el contrario, está pagando una cuota mayor que la que debe por los ingresos que genera mientras que la mitad sí abona la cuantía que le corresponde. Esta es la principal conclusión del primer proceso de regularización de cotizaciones por parte de la Tesorería de la Seguridad Social el pasado diciembre y que terminará el próximo 5 de abril.
El resultado es que casi 900.000 autónomos tendrán que pagar una cuota extra de 450 euros por cotizar poco en 2023; la Seguridad Social devolverá unos 600 euros a otros 600.000 que sobrecotizaron, mientras la mitad no deberá regularizar nada.
Se trata de los primeros datos que este miércoles hizo públicos el Ministerio de Seguridad Social y que ya permiten, por tanto, evaluar cómo ha funcionado el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales que entró en vigor en enero de 2023, tras comenzar a aplicarse de forma progresiva la reforma del RETA acordada por el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos.
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