La nueva vida de las casas en pueblos de Salamanca que acogieron a médicos y maestros

En un esfuerzo por combatir la creciente despoblación y el abandono de los municipios rurales en España, el programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León ha restaurado hasta la fecha un total de 64 inmuebles en diferentes municipios de Salamanca afectados por el fenómeno de la España Vaciada.

Antiguas casas del médico, de los maestros, casas rectorales, cuarteles cerrados de la Guardia Civil o viejas escuelas son algunos de los lugares que se han convertido en viviendas públicas para arrendar gracias a una inversión que supera los 30 millones de euros (30.304.993 euros).

Este proyecto, consolidado a lo largo de más de diez años, ha logrado recuperar viviendas desocupadas, ofreciendo nuevas oportunidades de residencia a quienes desean o necesitan establecerse en entornos rurales con mejores condiciones de vida. De este modo, ha cumplido su objetivo de incrementar el parque público de alquiler social y revitalizar áreas en riesgo de desaparecer, optimizando los recursos municipales, restaurando inmuebles de alto valor patrimonial, renovando los espacios tradicionales del tejido urbano y, lo más importante, favoreciendo la permanencia de la población en el medio rural.

No todas las viviendas ni todos los municipios son susceptibles de participar en este programa autonómico de rehabilitación de inmuebles para destinar a residencia habitual. Los edificios deben estar ubicados en poblaciones que no superen los 5.000 habitantes, ser de propiedad pública y libres de cargas. Si se dan estas premisas, el siguiente requisito a superar es que haya demandantes de vivienda en esas localidades que estén inscritos en el Registro Público de demandantes de vivienda de protección pública de Castilla y León.

Al menos uno si el municipio no llega a 200 habitantes; dos en el caso de contar con un padrón que oscile entre 201 y 500 habitantes; tres si la población se mueve entre los 501 y los 1.000 residentes oficiales, y cuatro en pueblos que van de los 1.001 a ese límite de 5.000 habitantes.

La consejería fija también un coste máximo para la rehabilitación, con un tope de 80.000 euros (sin IVA). Las obras que superan esa cuantía pueden recibir el visto bueno si es el Ayuntamiento quien financia el exceso de factura.

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