Las faltas restarán un máximo de dos puntos en la EBAU de las autonomías del PP

Las faltas de ortografía y errores de sintaxis que se cometan en los exámenes de selectividad del próximo curso en alguna de las doce autonomías gobernadas por el PP se castigarán con un máximo de dos puntos, en el caso del examen de Lengua Castellana y Literatura, y de un punto en el resto de las asignaturas obligatorias de la prueba.

Es la medida más concreta del acuerdo firmado este lunes por los máximos responsables de las autonomías populares, un pacto por el que se comprometen a realizar, desde junio de 2025, lo que denominaron una 'EBAU común'. Una prueba de acceso a la universidad en la que aseguran que no habrá diferencias significativas entre los exámenes hechos en cada comunidad, a diferencia de lo que sí ocurre en la actualidad.

No serán exámenes idénticos en todos sus territorios, porque eso, indican, es imposible con la ley educativa actual. Pero aseguran que lo que sí que será es una selectividad equiparable y semejante en todos sus autonomías, porque sus consejeros han acordado fórmulas para unificar los días de las pruebas, los contenidos básicos a preguntar, el modelo de examen a realizar y los criterios de corrección a aplicar en todos los lugares a cada una de las 15 asignaturas que forman parte de la fase obligatoria.

Los firmantes, en presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fueron los presidentes de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Región de Murcia, Baleares y Andalucía y los consejeros de Educación de Galicia, Cantabria, Canarias, La Rioja y Extremadura. Destacaron que con esta homogeneización de la selectividad van a conseguir que el 70% de los alumnos españoles que aspiran a matricularse en la universidad hagan una EBAU común, que les «garantice» igualdad de oportunidades en el acceso a la plaza del grado que quieren estudiar. Los populares ofrecieron al resto de comunidades que adopten su formato de EBAU, que indicaron llena de contenido el amplio margen de discrecionalidad que deja la «insuficiente» regulación estatal del Ministerio de Educación y del de Universidades.

El acuerdo, negociado durante seis meses por los directores generales autonómicos, empieza por tratar de acotar los contenidos básicos comunes de cada currículo que se deberían examinar con cada asignatura. Lo hacen a través de una matriz de especificaciones de cada una de las materias, que trata de fijar los saberes básicos y un nivel de exigencia similar.

El siguiente paso es lograr un mismo modelo de examen. Para ello han determinado cuántas partes debe tener cada examen, qué se evalúa en cada una, qué tipo de actividades debe incluir y, muy importante, qué valor sobre el peso total de la nota se le da a cada parte de la prueba. El resultado, explican, es un examen con el mismo número y tipo de preguntas y con el mismo número de opciones de elegir entre los apartados o las preguntas.

El siguiente reto, que también aseguran cumplido, es igualar los criterios de corrección que se utilizarán en las doce autonomías para poner la nota de las asignaturas obligadas. En primer lugar, como se indicó, han pactado una puntuación concreta para calificar el contenido aportado por el alumno en cada uno de los apartados que componen cada prueba.

En segundo lugar. Se establecen unos máximos comunes de corrección para penalizar o premiar, según el caso, las faltas de ortografía en su sentido más amplio (letras, tildes y signos de puntuación), pero también la capacidad de redacción y de expresión, el correcto engarce sintáctico, la riqueza de vocabulario, los matices expresivos e incluso la presentación.

Habrá dos baremos. El primero para el examen de Lengua Castellana y Literatura, que requiere de un plus de buen manejo del idioma. La penalización máxima será de dos puntos y tendrá estos criterios. La primera falta no se contará y a partir de la segunda se descontarán 0,25 puntos por cada una (sin contar repeticiones). Por errores de redacción o sintaxis se puede descontar un máximo de otro punto.

El resto de las asignaturas tendrán un tope de sanción de un punto. Con 0,10 puntos por cada falta a partir de la tercera y un máximo de medio punto por mala redacción o sintaxis.

El último acuerdo es que todos los exámenes se harán en los mismos días, con el mismo orden de asignaturas y con la misma fecha para publicar las calificaciones.

El acuerdo de las autonomías populares llega unas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase un real decreto en el que establece las características y estructura común que tendrá la selectividad en todo el país a partir de junio de 2025, para la que ha recuperado la denominación de PAU.

Entre las novedades con las que el Ministerio de Educación busca también homogeneizar las pruebas en toda España está que las faltas de ortografía o de corrección gramatical se deberán sancionar al menos con un punto; que habrá un único examen por materia, que puede admitir algún tipo de elección por parte de los alumnos, pero que en cualquier caso deberá garantizar que el estudiante se examina de todo el temario; y que las preguntas de tipo test, si las hay, no podrán valer más de tres puntos de los diez de la nota.

El real decreto también establece criterios de revisión de exámenes comunes a todo el país, los alumnos podrán hacer un máximo de tres exámenes voluntarios para subir nota (cuatro si es un segundo idioma) y, salvo que los examinadores lo prohíban de antemano de forma explícita, se permitirá en las pruebas el uso de calculadoras, diccionarios, hojas de fórmulas y tablas.

La nueva regulación nacional deja intactas las asignaturas de las que deberá examinarse el estudiante en la fase obligatoria de la prueba y tampoco toca el sistema con el que tradicionalmente se ha conformado tanto la nota de selectividad como la de acceso a la universidad.

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