Los ciudadanos consideran que las empresas tecnológicas son responsables de la devaluación de la escritura

El tercer Observatorio de Sostenibilidad de la Cultura Escrita, impulsado por el CEDRO -Centro Español de Derechos Reprográficos-, concluyó en que son las empresas tecnológicas aquellas que están contribuyendo a la caída del trabajo creativo y editorial. Este proyecto de investigación, basado principalmente en encuestas y presentado por Carmen Riera, reafirma la necesidad de que el Estado proteja a la cultura escrita. Los avances sociales y las mejoras tecnológicas hacen que esté todo mecanizado y dificulta la creatividad de un sector que pierde valor.

Las garantías institucionales que se pretenden conseguir son desconocidas para la mayoría de ciudadanos que no están al tanto o no son conscientes de las prácticas que afectan a la sostenibilidad y que están demasiado normalizadas. Muchas personas no tienen formación alguna sobre la responsabilidad que implica ejercer un buen uso de los derechos de autor, lo cual deriva en el plagio, la reutilización de contenidos sin permiso o el uso de obras para entrenar a la inteligencia artificial. Casi la totalidad de los encuestados consideran que las propias Administraciones actúan de la misma forma y se les exige un compromiso ético y social que sirva para ejemplificar a los ciudadanos.

Esto es un problema, ya que la cultura escrita está reconocida por la sociedad española como un «bien de mérito». Esta devaluación puede afectar a algunos de los pilares que sostienen el órden social como lo son la democracia, la educación y el desarrollo sostenible. Además, la mitad de los españoles consideran que la IA es un serio agravante al asunto. La mayoría de contenidos que ofrecen estas nuevas herramientas suelen saltarse la normativa de los derechos de autor y contribuye a la pérdida del pensamiento crítico. Los consumidores confían en la IA por el elevado grado de humanización de la que esta dispone, aunque esta práctica asciende a una categoría de dependencia hacia la herramienta que aleja a los consumidores del interés de formarse por otras vías.

La idea es que los avances tecnológicos y culturales avancen en paralelo y no que los primeros se aprovechen de los segundos. El CEDRO propone un Pacto de Estado que proteja el valor editorial en los sectores políticos, jurídicos, económicos y tecnológicos. La eliminación de las ambigüedades de los contenidos editoriales en los entornos digitales requiere de una legislación que garantice que haya transparencia. Para ello la mejor forma es fomentar la educación sobre derechos de autor a todos los niveles y desarrollar campañas de sensibilización que promueva el valor de los contenidos y las consecuencias de la pirateria.

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