El coste de evitar el cierre de las piscinas de Salamanca que afectaría a 5.000 usuarios

Un contrato imperativo y un 30% más caro va a ser la salida de emergencia a la situación de las piscinas municipales de Salamanca, un servicio que usan miles de personas, pero que acumula un amplio historial de tropiezos en los últimos años. La solución, este próximo viernes, cuando se firmará una prórroga forzada hasta que se pueda licitar el contrato, algo que no será fácil que llegue antes de la temporada de verano.

El pleno de este viernes aprobará un dictamen de esta misma semana en la comisión de contratación para prorrogar el contrato de gestión de las piscinas municipales. La solución va a ser una prórroga, por tiempo indefinido hasta que se licite un nuevo contrato, durante la que se abonará 34.000 euros extra al mes a la actual concesionaria, hasta un pago de 130.000 euros al mes.

La medida, adelantada por este medio, supone un incremento de coste de, al menos, 400.000 euros este año sin contar posibles extras en el cálculo del déficit del servicio, del que el ayuntamiento también se hace cargo. Este miércoles, como ha podido comprobar este medio, el servicio se presta con normalidad tras el anuncio del ayuntamiento, en el que garantiza que las piscinas seguirán abiertas.

La solución evitará un «colapso» del servicio que, según los datos del área de Deportes, supondría que más de 3.000 personas abonadas, 2.500 cursillistas, asociaciones y clubes deportivos, y en general la ciudadanía de Salamanca no pudiera disfrutar de un servicio considerado como fundamental en el Sistema Deportivo de la ciudad.

Ha habido que llegar a este punto porque el día 28 de febrero expira la prórroga por dos meses a la que accedió la actual concesionaria para seguir prestando el servicio. La empresa comunicó por carta en noviembre del pasado 2024 que renunciaba a la prórroga de hasta cinco años que contempla el contrato, cuyos diez años de duración convencional concluían ahora. Sin embargo, acabó aceptado hacerlo por dos meses más a pesar de que económicamente le era inviable, pero para no perjudicar a los usuarios.

Sin embargo, en este tiempo no se ha sacado adelante la nueva licitación para encontrar una empresa que se haga cargo del servicio. A finales de 2023 ya se supo que la entonces concesionaria, Clequali, no podía asumirlo y lo cedió a la actual, traspaso que se hizo en puertas de la temporada de verano de 2024. Así que hace cerca de un año que la 'música' de este contrato municipal no sonaba nada bien.

«Estamos a cuatro semanas de que cierren las piscinas si no se aprueba este régimen excepcional», ha lamentado el portavoz de Vox, Ignacio Rivas, que por otra parte cree que existe un acuerdo entre ayuntamiento y empresa y la propuesta ya está pactada.

No obstante, Rivas ha calificado este asunto como «el Muface salmantino», ya que entiende que el ayuntamiento está obligado a seguir subiendo su aportación económica para evitar el cierre de las piscinas a los usuarios, por lo que, como ocurre con la empresa que se hace cargo de la prestación sanitaria de dos millones de funcionarios, acabará pagando lo que pida la concesionaria. «La situación es pagar o cerrar el grifo», ha dicho el portavoz.

¿Cuándo se resolverá esta situación? Pues todo apunta a que no será hasta finales de año. El consistorio ha asegurado a los grupos políticos que la licitación empezará en breve, pero según los informes técnicos, todavía no hay pliego de condiciones, algo imprescindible. «Faltan seis meses para el final del contrato y otra vez estamos al borde del precipicio», lamenta Rivas.

En los términos del contrato se fijará el precio del mismo, lo que determinará si es o no interesante para las empresas. Y después hay que licitarlo, recibir ofertas, analizarlas, adjudicar y formalizar, algo que suele demorarse meses, más en casos como este de contratos muy cuantiosos.

Desde que salió a la luz el denominado 'caso piscinas', la factura millonaria por falta de mantenimiento de las piscinas municipales, este importante contrato ha pasado por varias manos, tiene pendiente una reclamación de un millón de euros, sin acabar al 100% la obra de La Alamedilla y ahora se enfrenta a un horizonte incierto, con una empresa a la que se obligará a seguir prestando el servicio y un futuro contrato del que todavía se desconocen los términos.

Esta misma semana, el consistorio ha dado de paso en comisiones un dictamen para volver a reclamar un millón de euros a la antigua concesionaria de las piscinas, Eulen. Esta empresa gestionó todas las de Salamanca entre 2015 y 2014 cuando el contrato cambió de manos. Entonces, explotó el 'caso piscinas', un escándalo de deterioro millonario de las piscinas por valor de hasta 3 millones de euros.

Posteriormente, se calculó por parte de los técnicos que se le podía achacar a la empresa no haber invertido 1,2 millones que tenían obligación de invertir según contrato en arreglar, mantener y mejorar las piscinas. Esta cantidad se ha reclamado dos veces anteriormente sin éxito y se vuelve a intentar, ahora por una cantidad todavía inferior, un millón de euros 'raspado'.

El actual contrato ha pasado por varias manos. Adjudicado a finales de 2014 por 2,5 millones anuales y 10 años de duración, ha sufrido numerosos avatares. De entrada, lo ganó una UTE formada por dos empresas, Clequali y Enjoy Wellness Salamanca, concesionaria esta de más contratos de gestión de instalaciones municipales como el Multiusos Sánchez Paraíso y la ciudad deportiva de La Aldehuela.

En 2018, esta UTE cedió el contrato a la propia Clequali en solitario. Posteriormente, subcontrató con otra empresa, Prointal, la contratación de personal. Y hace unos años asumió la gestión de la piscina del Helmántico. En 2023, ahogada por los problemas económicos, advirtió de sus dificultades y el contrato pasó a una tercera empresa a pocos días de iniciarse la temporada de verano.

También en estos momentos se está intentando terminar la obra de reforma de la piscina de La Alamedilla, una inversión de cerca de 3 millones de euros con fondos europeos. La vetusta piscina climatizada tenía problemas de filtraciones y deterioro, que después se comprobó que eran mayores de lo esperado. Eso retrasó las obras que tenían que haber acabado en septiembre, se fueron a diciembre y que, terminado enero, no están oficialmente finalizadas; no se han podido volver a usar.

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