Los empresarios salmantinos consideran «inaceptables e injustificables» los acuerdos para la investidura

Así, la patronal CEOE Cepyme Salamanca asegura que «ante la preocupante situación que vive en estos momentos España, tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura, CEOE Cepyme Salamanca quiere destacar el papel de las empresas como verdaderas impulsoras del crecimiento económico y creadoras de empleo, y así como su aportación indispensable y fundamental para el sostenimiento del estado de bienestar».

«Es por ello que CEOE CEPYME Salamanca se suma al comunicado de CEOE Castilla y León para manifestar su absoluto rechazo a los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura, ya que ponen en peligro la cohesión territorial de nuestro país y afectan al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978» destaca la patronal salmantina.

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Juanjo González

Los empresarios de Salamanca subrayan que España necesita un gobierno que garantice la unidad de España, y la estabilidad política e institucional, «y no un gobierno que empuje hacia un escenario que pone en peligro la separación de poderes y la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia».

Para CEOE CEPYME Salamanca, los pactos que se están conociendo son inaceptables, pues cualquier apoyo a la amnistía «atenta contra España, el estado de derecho, la democracia y la Constitución, poniendo en peligro la igualdad de los españoles ante la Ley, además de no respetarse la separación de poderes, deslegitimando al judicial».

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) ha aprobado una declaración institucional en defensa de la igualdad, la justicia, la solidaridad interterritorial, y contra la amnistía, así como contra los acuerdos que supongan una discriminación hacia las comunidades autónomas.

Este documento expresa «nuestro rechazo absoluto a cada una de las cesiones que ha firmado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los representantes del independentismo catalán para lograr su investidura en la próxima legislatura».

«La aprobación de una ley de amnistía, la condonación de la deuda a Cataluña por un importe de 15.000 millones de euros, el traspaso en exclusiva de competencias ferroviarias, la proposición de un referéndum de autodeterminación o la propuesta de participación directa en las instituciones europeas y organismos internacionales confieren a una región privilegios que son incompatibles con el marco constitucional que ampara a todos los españoles y sólo crean una fractura en el Estado de Derecho y un precedente de desigualdad ante la ley que es inadmisible en un sistema democrático», asegura este colectivo de representación empresarial.

Además, aseguran que «estamos ante decisiones inaceptables e injustificables, que amenazan la cohesión territorial de nuestro país y la igualdad entre todos los españoles, y suponen un desequilibrio flagrante y un agravio comparativo para nuestra Comunidad, para nuestro país, para nuestras empresas y para todos los ciudadanos».

Ante esto, «reclamamos un escenario de igualdad real donde todas las comunidades autónomas tengan las mismas oportunidades y ninguna sea preferida en la distribución de recursos».