La factura que pagará el Ayuntamiento de Salamanca a una mujer por romperse la dentadura postiza en una baldosa rota
Una vecina que tropezó en una acera en mal estado en Puente Ladrillo logra una indemnización de 4.500 euros que cubre la reparación de sus lesiones en una clínica dental
El Ayuntamiento de Salamanca va a tener que pagar de nuevo una fuerte indemnización por el mal estado de las aceras tras reclamar (y conseguir) una vecina el pago de la factura del dentista tras romperse la dentadura postiza en una caída de bruces provocada por unas losas rotas. Una situación, la de reclamaciones que prosperan y obligan a pagar por las caídas que sufren los ciudadanos, que se ha convertido en habitual.
En los últimos meses, el consistorio ha empezado a atender con frecuencia casos en los que vecinos reclaman indemnizaciones por las caídas que sufren en la calle. Tropezones con baldosas, aceras en mal estado, registros y alcantarillas están a la orden del día, a pesar de la inversión en su cuidado y de que existe un sistema para avisar de este tipo de desperfectos. Ha habido de todo, desde pagos por tropiezos a reponer un par de zapatillas o atender la factura de 38.000 euros por una grave lesión por resbalar en unas baldosas muy deslizantes que ya se han quitado.
La situación tiene su importancia. No sólo por los accidentes que se producen y el coste que tienen, sino en materia contractual. La empresa que quiera hacerse cargo del contrato para mantener en buen estado aceras y calles tiene que suscribir un seguro de 1,5 millones para responder de los accidentes, porque a la postre el ayuntamiento acaba reclamándole los daños. También tiene que trazar un 'mapa' de los baches y desperfectos de la ciudad para actuar.
Así se está produciendo tras el cambio hace unos meses del criterio del asesor jurídico. Si antes el consistorio siempre denegaba las indemnizaciones alegando, con apoyo de la concesionaria, falta de cuidado de los ciudadanos, ahora la situación se ha invertido. Los informes jurídicos reconocen el mal estado y, en muchas ocasiones, dan la razón a los ciudadanos y pagan las reclamaciones que se hacen.
La última llega la próxima semana a la comisión municipal de Hacienda y régimen interior, a la que corresponde la competencia de las reclamaciones patrimoniales. En este caso, se trata de una vecina del barrio de Puente Ladrillo que sufrió un accidente hace más de un año.
El asunto se remonta al 21 de junio cuando la demandante, N.G.G., pasea por la calle Sumatra, a la altura del puesto de alquiler de bicis municipales, cuando tropieza con baldosas levantadas y cae al suelo, golpeándose directamente en la boca. Tras la caída, acude el 27 de junio al cuartel de la Policía Local para poner una denuncia y tramitar la reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Salamanca por el coste que va a tener para ella el golpe: se ha roto su dentadura.
A principios de julio, acude a una clínica dental donde confirman el golpe y la lesión y el coste de la reparación, que incluye un puente nuevo y sus anclajes. La factura que paga asciende a 4.500 euros, que es lo que reclama.
En un informe, el área de ingeniería civil del ayuntamiento admite la existencia de los desperfectos en la calle (pequeños levantamientos de baldosas) que fueron detectados en una inspección realizada por el servicio de conservación de pavimentos el 20 de junio, el día antes de la caída, pero fueron reparados el 27 de junio. La baldosa estaba rota y sobresalía del nivel de la acera, además de moverse.
A pesar de ello, y como es habitual, la empresa de reparación de calles y la que soporta la póliza de seguro general del ayuntamiento alegan para que se desestime la reclamación, pero en su informe el asesor jurídico es muy claro una vez más.
Tras citar a declarar a un testigo y a la propia víctima, determina que queda probado que la reclamante, tropezó con una baldosa levantada y oscilante en la calle Sumatra y reconoce la responsabilidad del ayuntamiento porque la baldosa «no sólo sobresalía, sino que se movía».
Como resultado, el informe municipal determina que procede estimar la reclamación patrimonial objeto del presente expediente fijándose la indemnización en 4.500 euros, el importe de la factura presentada por la reclamante. Además, indica que una vez se pague, el consistorio debería ir contra la concesionaria de aceras y que, en todo caso, el siniestro queda de manera expresa bajo la cobertura de la Póliza de Seguros suscrita por el Ayuntamiento con la compañía Mapfre.
