El Gobierno, clave para dar prioridad al tren Ruta de la Plata y adelantarlo diez años

De momento, el pliego del contrato para elaborar el estudio de viabilidad insiste en que la nueva conexión tenga una prioridad menor tanto en su categoría dentro de la red transeuropea como en el plazo para que esté disponible. Y ha empezado una guerra para darle la vuelta.

Los parlamentarios del PP han registrado dos preguntas con las que quieren saber cuáles son los planes del Gobierno con respecto a este proyecto y por qué se han tomado algunas decisiones. En una nota de prensa explican que, cuando se logró reincorporar el tramo a los planes europeos, se hizo sobre la base de que fuera parte de la red básica ampliada, algo que tendrá que defender el gobierno español cuando se defina el nuevo reglamento.

Según los diputados 'populares', entonces se consiguió que el proyecto tuviera prioridad para 2040 como red básica ampliada, sin embargo las normas para elaborar el estudio de viabilidad hablan de red global, un rango menor, que estirar la fecha de finalización hasta 2050, una década más.

Los parlamentarios del PP exigen ahora saber si el Gobierno va a defender la inclusión final de este tramo en el nuevo diseño de la red transeuropea de transportes y, especialmente, por qué en el estudio de viabilidad se ha optado por rebajar su nivel de prioridad y llevárselo a 2050 cuando lo aprobado en las autoridades europeas de forma inicial permitiría adelantar la conexión diez años.

El pliego de condiciones hecho público el lunes detalla la situación actual del corredor entre Plasencia y Astorga, que divide en cinco tramos, tres de ellos vinculados a la provincia de Salamanca, con Béjar y la capital del Tormes como protagonistas. Propone una serie de actuaciones en función de los tramos ahora operativos y las infraestructuras existentes. Exactamente afirma, en el epígrafe trabajos a realizar, que «consiste en un análisis de la viabilidad del corredor ferroviario Plasencia - León, apto para tráfico mixto. Dicho corredor tendrá, como punto de partida, la antigua línea ferroviaria Plasencia – Astorga, fuera de servicio desde el año 1985. Por tanto, se analizará la viabilidad de un nuevo eje ferroviario transversal, que conectaría con la red ferroviaria existente y planificada no solo en sus puntos de inicio y final, sino en los posibles cruces con otros corredores radiales, como ocurriría en el paso por Salamanca y Zamora».

Además añade que «si bien la elaboración de alternativas de trazado para el corredor ferroviario propuesto tiene un ámbito restringido al trayecto entre Plasencia y el ámbito de León, el estudio funcional y de demanda a realizar debe incluir un ámbito mayor, prácticamente la mitad oeste peninsular, pues debe analizar la posible captación de tráficos a otros corredores ferroviarios, fundamentalmente, Madrid – Cádiz/Huelva, Madrid – Salamanca – frontera portuguesa y Madrid – Galicia / Asturias».

El pliego de condiciones sigue insistiendo en que «se trata de plantear una línea compatible con tráfico mixto: viajeros y mercancías. Se deberán tener en cuenta las características de los estudios que se encuentren en fase de planificación, las posibles conexiones con la red convencional existente, y las terminales de mercancías y plataformas logísticas existentes y planificadas en el ámbito del estudio, que puedan actuar como generadoras de tráficos de mercancías. Se deberán tener en cuenta las prescripciones sobre necesidad de vías de apartado para trenes de 740 metros, acordes con la Red Transeuropea».

Además, se asegura que aún está por determinar la velocidad de los trenes, si se tratará de una línea de vía única o vía doble, y también se estudiará el planteamiento de estaciones o apeaderos intermedios además de las de inicio y final de la línea, en función de la demanda prevista, para establecer los escenarios de explotación incluyendo las frecuencias, tiempos de recorrido, etcétera. Y también se afirma en este documento que «será preciso incluir un análisis de rentabilidad, tanto financiera y socioeconómica, para cada una de las alternativas planteadas en el estudio, y que deberá garantizar la sostenibilidad económica de la actuación, siendo uno de los factores a considerar en la comparación y selección posterior de alternativas».

Según la documentación hecha pública por el Mitma, el presupuesto para la realización del estudio de viabilidad es de casi un millón de euros y tiene un plazo de ejecución de dos años. Las empresas interesadas tienen hasta el día 23 de este mes para presentar ofertas. A partir de esa fecha y una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, habrá que esperar a que la decisión sobre qué empresas será la que ejecute el estudio no se demore.