El juzgado archiva el caso primarias del PP sin apreciar financiación ilegal

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, a través de un auto, ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo del caso 'Primarias' en el Partido Popular de Salamanca, al entender que los hechos carecen de tipicidad penal, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El caso investigaba la presunta financiación ilegal en el PP de Salamanca debido al pago de cuotas de afiliados en 2017, de manera previa a la celebración de las primarias autonómicas de los populares en Castilla y León.

La primera consecuencia es el fin de la imputación sobre Javier Iglesias, expresidente del PP y al cargo del partido en el momento de los hechos. También estaban imputados el propio partido y la gerente de la organización en Salamanca. En el auto se especifica de forma expresa que la formación de la causa «no perjudica a la reputación de los investigados». Es posible recurso de reforma.

El propio Iglesias auguraba este viernes el final de la investigación y del propio caso primarias tras conocerse el auto que condenaba en costas a Los Verdes, la organización que ha impulstado la investigación durante los dos últimos años.

El caso investigaba la presunta la organización de un sistema para recaudar dinero entre cargos institucionales y orgánicos del partido. Esos fondos se destinaron al pago de cuotas impagadas de afiliados, de cara a su participación en las primarias internas en las que Alfonso Fernández Mañueco se presentaba para ser presidente del partido en Castilla y León y, por ende, presentarse como candidato del PP a presidente de la Junta.

Durante la investigación la Audiencia Provincial ha considerado probado que entre el día 31 de diciembre de 2016 y el día 17 de marzo de 2017 se amortiza una deuda por cuotas de afiliados en la suma total de 61.937,65 euros lo que en el auto de la presidenta de la audiencia se califica como «campaña orquestada y organizada» porque «no parece que las aportaciones fueron el resultado de un movimiento espontáneo». El auto recoge que varias declaraciones testificales practicada hasta ahora en la investigación hacen referencia al protagonismo del señor Iglesias en la iniciativa de las donaciones.

Las aportaciones fuero en tres formas. Cuotas abonadas por transferencias a favor de la cuenta bancaria del Partido Popular entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 por importe total de 4.012,15 euros; cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en referida cuenta bancaria por importe total de 7.004 euros; cuotas abonadas por afiliados para posterior ingreso nominativo en referida cuenta bancaria por importe total de 9.431,50 euros; y cuotas de afiliados abonadas en referida cuenta bancaria por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de «afiliados morosos» por importe total de 41.490 euros.

En relación a la última partida de 41.490 euros abonada en la cuenta bancaria del Partido Popular, se supone que responde a abonos voluntarios en el período de 10 a 17 de marzo de 2021 para pago de las cuotas de «afiliados morosos», recaudados mediante pagos voluntarios en efectivo que se entregaron para tal finalidad numerosos cargos, como se ha documento en declaraciones juradas, ascendiendo a la suma total de 17.350 euros el importe de referidos abonos voluntarios, con lo que queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal.

El PP y los cargos donantes han intentando justificar otras cantidades, pero hay una suma sin justificar de al menos 7.090 euros que se consideraría donación anónima y que es ilegal según la ley de financiación de partidos.

El Partido Popular de Salamanca acusó en la tarde de este viernes a la «izquierda radical», en la que incluyó a Foro Izquierda-Los Verdes y al PSOE, a quienes calificó como 'Partido Sanchista de Salamanca' de estar detrás del proceso judicial por presunta financiación ilegal, archivado hoy, y exigió «disculpas públicas y dimisiones» por ello.En concreto, pidieron responsabilidades, mediante un comunicado remitido a Ical, a quienes «de forma miserable y ruin, exponente del más sucio 'carroñerismo' político, no han dudado en arrastrar por el fango la honorabilidad de un partido político, el Partido Popular de Salamanca, y de personas físicas concretas a él pertenecientes», incluyendo al anterior presidente provincial, Javier Iglesias, y su gerente, Isabel Sánchez, orquestando una causa penal contra ellos con el único objetivo de «destruir, incluso personalmente, al adversario político».