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Acceso al centro educativo. J. M. GARCÍA
Salamanca ciudad

El Procurador apremia a Educación para que agilice el arreglo del CEIP Caja de Ahorros

Recomienda a la Junta que si la Fundación Fundos no acomete las obras necesarias, busque un nuevo edificio para el colegio

Isidro Serrano

Salamanca

Martes, 3 de enero 2023, 21:18

El Procurador del Común ya ha emitido su resolución respecto a los problemas denunciados por el AMPA del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Caja de Ahorros de la zona de El Rollo en Salamanca sobre las deficiencias del centro educativo.

En su dictamen, la entidad recomienda que la Consejería de Educación exija a la propiedad del inmueble en el que se ubica el CEIP «Caja de Ahorros», concretamente la Fundación Fundos, «la debida adecuación del mismo conforme a los fines pactados con la menor demora posible; procediendo, en caso de que dicha adecuación no se lleve a cabo según lo previsto en el contrato de arrendamiento vigente, a buscar otra sede para el centro educativo que responda a las necesidades de su alumnado,y al derecho que el mismo tiene a contar con unas instalaciones que tenga unas condiciones adecuadas de seguridad,higiene y confort».

Más concretamente, el Alto Comisionado afirma que «se debería dar una solución definitiva al problema del sistema de calefacción si este no ha sido reformado, para cumplir su función, así como proceder al arreglo de las fachadas del inmueble y de cuantos elementos estructurales garanticen la idoneidad y seguridad del mismo». El expediente analizado por esta institución re refiere a las importantes deficiencias que existen en el CEIP Caja de Ahorros de Salamanca, y cuya reparación se ha venido demandando por parte de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos San Isidoro durante el pasado curso escolar 2021/2022, tanto a la Consejería de Educación que gestiona el centro, como a la Fundación Fundos propietaria de las instalaciones.

Según los términos de la queja, tanto la Consejería de Educación, como la Fundación Fundos, «han venido eludiendo su responsabilidad en lo que respecta a la necesidad de llevar a cabo las obras necesarias para hacer las reparaciones que precisa el centro educativo. Con todo, se estima necesario que se dé una solución urgente a las deficiencias que presenta el inmueble, llevándose a cabo las obras de reparación y mantenimiento necesarias».

Estas actuaciones consistirían en la revisión y arreglo de las fachadas de los tres edificios, «dado que, el pasado 21de abril de 2022, se desprendió una losa de revestimiento de una de las paredes, que cayó dentro del recinto escolar, sin causar daños personales afortunadamente».

Calefacción

Por otra parte, se demanda la remodelación completa del circuito de calefacción instalando circuitos independientes para cada edificio, sustituyendo las tuberías deterioradas por nuevos circuitos externos que faciliten la reparación de futuras averías, tal como se solicitó el 2 de febrero de 2022, como consecuencia de la inundación sufrida en el edificio principal del centro a principios del mes de enero de 2022.

Con relación a ello, con fecha 14 de diciembre de 2022, se registró en la Procuraduría el informe solicitado a la Consejería de Educación, en el que se pone de manifiesto la existencia de las denuncias mencionadas, indicándose que, en consideración a las mismas, tanto el Ayuntamiento de Salamanca, como la Consejería de Educación, han realizado algunas reparaciones de carácter parcial, haciendo hincapié en que la situación existente requiere de obras estructurales que competen a la propiedad del inmueble, esto es, a la Fundación Fundos.

También se señala en el informe remitido por la Consejería de Educación que los espacios del inmueble de al Fundación Fundos utilizados para el CEIP Caja de Ahorros de Salamanca están alquilados por la Comunidad de Castilla y León, estableciéndose en la cláusula quinta del Contrato de arrendamiento que: «La parte arrendadora se obliga a realizar, sin por ello elevar la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar el objeto del arrendamiento en las condiciones para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario serán de cargo del arrendatario. Se autoriza a la parte arrendataria, previa comunicación al arrendador, a efectuar a su cargo, obras de adaptación, siempre y cuando no modifiquen su estructura».

«El edificio de Fundos tiene importantes carencias que pone en riesgo la seguridad de los alumnos»

Asimismo, en el informe se invoca la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba su Reglamento, normativa que incluye una serie de obligaciones para los propietarios de los edificios, con relación al estado general de conservación de los mismos. Al margen de todo ello, se señala en el informe de la Consejería de Educación que, tras contactar en varias ocasiones con Fundos (concretamente, el 4 de febrero, el 9 de mayo y el 14 de noviembre de 2022), esta ha comunicado que se está procediendo al análisis del problema de la fachada.

Reparaciones necesarias

El informe del Procurador del Común asegura que en consideración a todo lo expuesto, «cabe concluir que el edificio de Fundos, efectivamente,tiene importantes carencias para ser destinado al servicio educativo que presta el CEIP Caja de Ahorros, lo que va en detrimento de la calidad del servicio e, incluso, pudiera poner en riesgo la seguridad de los alumnos, del profesorado y del resto de la comunidad educativa».

Así,partiendo de lo anterior, «la administración educativa debe exigir el cumplimiento del Contrato de arrendamiento que permite el uso del inmueble como sede del CEIP y, en particular, el cumplimiento de las cláusulas que obligan a la propiedad a realizar las reparaciones necesarias para conservar el inmueble en las condiciones de habitabilidad que permitan el uso convenido en el plazo de tiempo más breve posible. Subsidiariamente, no cabría más que resolver el contrato por incumplimiento de la parte arrendadora de sus obligaciones,buscando una ubicación alternativa en la que se pueda prestar al alumnado el servicio educativo que precisa.

Tras dictar resolución, la institución solicita que se le comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma por parte del órgano que corresponda de la Consejería de Educación en el plazo de dos meses.

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