Los trabajadores de Justicia protestan en Salamanca por sus derechos sin descartar una huelga indefinida

Esta huelga se debe a una «profunda insatisfacción» y las movilizaciones se incrementarán en el tiempo, desde el día de hoy hasta el martes, miércoles y jueves de las próximas dos semanas y «no se descarta que se convierta en indefinida», así lo confirma el Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

La delegada sindical de CCOO, Abilia Andrés, muestra su descontento, «estamos ante una discriminación inaceptable, se trata al 90% de los trabajadores como funcionarios y funcionarias de segunda». Comenta que si el Ministerio de Justicia continúa sin tomar medidas ellos responderán con más reivindicaciones y sin descartar que la huelga sea indefinida.

Los representantes de los sindicatos piden disculpas a los ciudadanos porque son los principales afectados. Eva Sastre, responsable provincial del Sector de Justicia de CSIF en Salamanca, comenta, «lo primero que quiero hacer el pedir perdón a la ciudadanía que al final van a ser los perjudicado, pero el Ministerio no cede, no quiere negociar con nosotros y nos vemos obligados a tomar estas medidas extremas». En varias ocasiones insisten en que, «la ministra no se sienta a negociar con nosotros, tiene que dimitir».

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La responsable provincial continúa, «tuvimos dos reuniones, en la primera hubo un intento de dialogo, pero en la segunda tan solo nos dijo que no tenía ninguna propuesta». Sus peticiones y objetivos a alcanzar están claros, «pedimos unas retribuciones justas en cuanto a nuestro trabajo y aparte de eso, queremos reivindicar la Ley LOEO, ésta va a afectar a los puestos de trabajo y el juzgado se va a convertir en un caos».

El representante de STAJ, Manuel Otero, explica, «en los juzgados trabajamos ocho funcionarios, un juez y un letrado. Somos 43.000 funcionarios de la Administración de Justicia en todo el ámbito territorial. Hablamos de ofertas de 700 euros que están muy cerca del salario mínimo interprofesional y tenemos problemas con la Ley de Eficiencia Organizativa que nos provoca una indefensión terrible». El artículo 595 de la Ley Orgánica del poder judicial determina cuáles son las retribuciones básicas para todos los cuerpos con cargo a presupuestos generales del estado y «la ministra dice que no se puede subir porque debe negociar con las comunidades autónomas trasferidas», destaca.

Luis Ángel Fernández, delegado de UGT en la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Salamanca, explica por qué se ha convocado esta huelga a nivel nacional, «nos sentimos ninguneados totalmente por este ministerio del Partido Socialista, nos ningunea 44 millones y medio a los jueces, muy merecidos, pero nosotros no sabemos nada, ni un euro. Los letrados tienen una subida de 400 euros, pero no sabemos nada de los funcionarios».