La granja de 6.000 cerdos en un pueblo de 33 habitantes en Salamanca que se queda sin permiso para abrir
La Junta declara la caducidad de la autorización ambiental que obtuvo en 2020 al no haber ejecutado el proyecto y la empresa titular ha intentado pedir sin éxito una prórroga que no se le ha concedido
Una resolución de la Junta de Castilla y León ha dejado sin el permiso necesario para poder funcionar a una macrogranja de cerdos, prevista para 6.000 ejemplares, radicada en un pequeño municipio de algo más de 30 habitantes, aunque integrado en un referente del sector porcino como es Guijuelo. La orden la emite la consejería de Medio Ambiente y afecta a una explotación ganadera porcina intensiva con capacidad para 6.000 plazas de cebo ubicada en varias parcelas.
El proyecto contaba con una evaluación favorable de hace cinco años y se ha dejado pasar el plazo para ponerlo en marcha, que era una de las exigencias; la autorización no es permanente, sino que exige que se ejecute lo previsto en un plazo máximo si se quiere mantener la validez de lo evaluado.
La resolución se ha conocido este jueves en el Bocyl, donde en las últimas semanas la Junta ha dado a conocer resoluciones de la delegación territorial en Salamanca con respecto a varias de estas grandes explotaciones. Se trata de actividades que requieren de numerosos permisos y están cuidadosamente evaluadas, ya que producen purines con potencial contaminante de terreno, cauces y acuíferos. Por este motivo, es obligatorio que cuenten con autorizaciones ambientales. La cría de cerdo en España es, en un 93%, de modelo intensivo, es decir, en grandes granjas, la mayoría ubicadas en Aragón, Cataluña y Castilla y León.
Es este papel el que ha perdido una empresa que la obtuvo en junio de 2020 y que ya la tenía, pero que la ha visto caducar. El motivo, según explica la resolución, al haber sobrepasado ampliamente el plazo de 4 años para comenzar la ejecución del proyecto sin que se haya comunicado el inicio de las obras desde que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la citada resolución, perdiendo su vigencia.
La afectada es una explotación en el pueblo de Palacios de Salvatierra, una pequeña población de 33 habitantes censados en el término municipal de Guijuelo, que es titularidad de VERA VIEJA, S.L. La empresa ha intentado conservar la autorización para no tener que volver a pedirla. En este sentido, en febrero de este año alegó que «debido a los 2 años de pandemia vividos, Vera Vieja, S. A., ha visto frustrados sus planes de inversión y no ha podido acometer las obras autorizadas en el plazo otorgado».
La titular asegura que «ha retomado este proyecto hace unos meses y se encontrará en breve, en disposición de comenzar las obras», y solicitando «una prórroga de 2 años para ejecutar las actuaciones interesadas en la Autorización Ambiental Integrada».
Sin embargo, en su resolución la Junta ha denegado esta prórroga porque, en febrero, hizo una visita a la zona donde se iba a hacer la explotación, verificando que no se había iniciado obra alguna relacionada con dicho proyecto.
Por este motivo, la sección de la Territorial ha insistido en la declaración de impacto ha perdido su vigencia y, por ende, la autorización ambiental integrada había que considerarse caducada, por incumplir las disposiciones y condicionantes de la declaración de impacto ambiental. La decisión es definitiva y, a falta de un posible recurso contencioso, frena la posibilidad de levantar esta nueva granja, al menos, con la evaluación ambiental de hace cinco años.
