La reclamación de mil millones por la mina de Retortillo lastra a Berkely

La empresa que tiene los derechos de la frustrada mina de uranio en Retortillo ha visto aumentar sus pérdidas por el proceso de arbitraje en el que reclama mil millones de dólares por negarle los permisos para el proyecto. Berkely cifra en un millón de dólares los gastos que ha asumido para llevar al Estado a los tribunales administrativos internacionales y presentar la mayor reclamación de una empresa contra España.

Berkeley Energia registró unas pérdidas de 2,92 millones de euros en su año fiscal 2024, cerrado el pasado mes de junio, lo que supone incrementar un 137,5% los 'números rojos' de 1,23 millones de euros del ejercicio anterior, lastrado por unos gastos de 828.000 euros por el procedimiento de arbitraje por el conflicto con el Gobierno de España por la mina de uranio de Retortillo (Salamanca), informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado mes de mayo, el grupo minero australiano anunció la presentación de una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), iniciando así el procedimiento contra España respecto de su proyecto de la mina de uranio, después de que fueran bloqueados los permisos, en la que pide una compensación preliminar de 1.000 millones de dólares (921 millones de euros).

La empresa destaca que se encuentra en una posición financiera «extremadamente sólida», con reservas de efectivo de 77,345 millones de dólares (unos 69,2 millones de euros).

Berkeley Exploration Limited (BEL) presentó una solicitud de arbitraje para sus inversiones en España a través de su filial española, Berkeley Minera España (BME), iniciando el procedimiento contra el Reino de España ante el Ciadi. Respecto a este procedimiento, Berkeley ya ha recibido la notificación de registro del CIADI y se encuentra en la siguiente fase del procedimiento judicial. «Los miembros serán seleccionados y nombrados, estableciendo así formalmente el tribunal», indicó la compañía.

El grupo defiende que las acciones de España contra su filial española y el proyecto de Salamanca «han violado múltiples disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)» y, como parte de su solicitud de arbitraje, solicitó una compensación preliminar del orden de 1.000 millones de dólares, en la que podría ser la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.

En su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2024, la compañía señaló que, a pesar de la disputa sobre inversiones, «sigue comprometida» con el proyecto en Salamanca y continúa abierta a un «diálogo constructivo» con España. En este sentido, añadió que está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar «una solución amistosa a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que puedan tener lugar discusiones en el corto plazo».

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