Piden al ministerio investigar de nuevo a Corchado y un sistema para poder sancionar fraudes científicos

Un manifiesto en defensa de la reputación y credibilidad de la universidad y del sistema de ciencia españoles ha conseguido ya más de 1.000 adhesiones, una cuarta parte de las cuales llegan desde la Universidad de Salamanca. El movimiento surgió tras los hechos que relacionaban al rector de la Usal, Juan Manuel Corchado, con malas prácticas éticas en investigación, el asunto que obligó a la institución a elaborar un informe sobre su propio rector.

El asunto llegaba hoy al claustro de la Usal, el primero con Corchado como rector y también el primero tras la controversia por la polémica de las autocitas y el borrado de artículos.

Tras lo ocurrido, un grupo de profesores de la Usal impulsó un manifiesto para pedirle al Ministerio una investigación independiente que esclarezca los hechos que se le atribuyen al rector Corchado en su faceta investigadora, un proceso que tenga garantías procesales y que sea vinculante, además de un organismo que pueda sancionar las malas prácticas que se pudieran detectar en la investigación española.

El manifiesto, que ha circulado por la red gracias al impulso del propio personal docente e investigador universitario, ya cuenta con más de mil adhesiones de personas provenientes de 46 de las 50 universidades públicas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A estos se suman también el apoyo del personal docente e investigador de siete universidades privadas.

Según los impulsores del manifiesto, el 23,3 % de las personas que suscriben la petición están vinculadas a la Universidad de Salamanca. El 33,15% de las personas que se han adherido al Manifiesto son catedráticas y catedráticos y el 26,70 % profesoras y profesores titulares de universidad. El porcentaje restante corresponde al personal del CSIC y a las otras categorías docentes e investigadoras existentes.

El Manifiesto se suma a la preocupación señalada por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectoras y Rectores de Universidades (CRUE) en su comunicado del 21 de octubre de 2024, en el que se señala que los hechos de público conocimiento sobre la «mala praxis» en la generación, gestión y difusión de los resultados científicos dañan la reputación internacional de la Ciencia producida en España y pueden poner en duda la confianza de la sociedad en el trabajo de la ciencia y en el de las personas que asumen dicho reto.

El documento con la lista de adherentes será entregado en los próximos días a la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades Diana Morant Ripoll y a la Presidenta de la CRUE, Eva Alcón Soler para solicitarles, en primer lugar, que se realice una investigación independiente y vinculante por parte de una comisión integrada por personas de reconocida trayectoria, con garantías procesales y de publicidad sobre los hechos ocurridos en la Universidad de Salamanca.

«No aclararlos impide la defensa del acusado y afecta a la credibilidad del sistema universitario y de investigación del país y de quienes lo integramos, porque trasmite la idea de que las instituciones responsables toleran el fraude y ofrecen impunidad», aseguran.

Sin embargo, los impulsores entienden que aclarar esos y otros hechos no será suficiente si no tiene consecuencias«. Por este motivo, piden contar con mecanismos efectivos que eviten el fraude académico. Para ello, solicitan la creación de una instancia estatal con capacidad disciplinaria y sancionadora que haga frente al incremento de malas prácticas en la generación y difusión de los resultados de investigación, con el fin de reforzar la integridad y credibilidad de los sistemas públicos de enseñanza superior y ciencia, tecnología e innovación.

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