Los 2.700 euros que el Ayuntamiento de Salamanca pagará por una baldosa rota y que abren precedente

Una baldosa rota ha provocado una reclamación patrimonial, una más, contra el Ayuntamiento de Salamanca que, en esta ocasión, se ha resuelto a favor de un vecino y que puede ser la primera de muchas que prosperen. El reclamante tropezó con el embaldosado partido de una acera y se hizo un esguince de tobillo y, tras una tramitación de casi dos años, va a cobrar una cantidad de más de 2.700 euros por los daños sufridos.

La decisión puede suponer un cambio importante en la doctrina que aplica el consistorio en estos casos, ya que un informe del asesor jurídico municipal avala que las baldosas sueltas o rotas, que abundan en la capital, tienen entidad para provocar tropiezos y caídas, y «no son insignificantes, existe nexo de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos municipales». Algo que puede afectar a las numerosas reclamaciones por baldosas rotas o sueltas.

El asunto va dentro de unos días a la comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior donde se ventilan estas reclamaciones que, generalmente, son desestimadas. Así ocurrió con el motorista que se cayó por culpa de un enorme bache y en otras muchas ocasiones, porque rara es la vez que se estima algún caso. Eso ha generado algunos debates en el seno de la comisión en los que los grupos de la oposición, con posición especialmente firme de Vox, han pedido explicaciones sobre la costrumbre de denegar casi por sistema las reclamaciones que hacen los vecinos por caídas en la vía pública.

En este caso, el asunto arranca en junio de 2022 cuando un vecino pasea por la calle Maragatería y tropieza con una baldosa partida. El resultado fue caída al suelo y visita a Urgencias del hospital de la Santísima Trinidad, donde le diagnostican un esguince de tobillo. A partir de ahí, tiene que guardar reposo, recibe diversas sesiones de rehabilitación y se le diagnostica una fascitis plantar.

La víctima solicita la intervención de su póliza personal de seguros, que nombra un perito médico, y calcula que por las secuelas (54 días) que arrastra debe reclamar 2.782,89 euros al Ayuntamiento de Salamanca. Suma además los viajes a un centro de rehabilitación y el material ortopédico, muleta y tobillera, que debe adquirir. En total, 3.030 euros.

Sobre esa cantidad se hace una reclamación al consistorio como titular de la vía y entran en juego dos elementos habituales en estas reclamaciones: la concesionaria de mantenimiento de aceras y la aseguradora con la que el Ayuntamiento tiene contratada la póliza para estas cuestiones.

En una valoración, esta última asegura que «no parece que la rotura de la baldosa sea insalvable. La zona está bien iluminada y el desperfecto es nimio en una acera lo suficientemente ancha». Por su parte, la constructora asegura que «no se había producido ningún tipo de denuncia previa», pero admite tras inspeccionar el lugar que hay «varias baldosas sueltas o fisuradas en el exterior del acceso al garaje».

A pesar de ello, la contrata alega como habitualmente que el deterioro de la vía es insuficiente para declarar la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración y añade un argumento habitual: que no puede pretenderse que la superficie de las aceras se encuentre en un absoluto alineamiento, totalmente rasante y carente de la más nimia irregularidad. Es decir, que los ciudadanos no pueden pedir que las aceras estén perfectas.

Todo parecía listo para desestimar la reclamación, pero algo cambió en esta ocasión. El vecino afectado solicita la declaración de tres testigos, dos personas que le acompañaban y un vecino que tuvo que llevarle al hospital. Se les toma declaración en la oficina presupuestaria, en instalaciones del ayuntamiento.

Tras este capítulo, el jefe de la asesoría jurídica del ayuntamiento firma este pasado 5 de abril un informe en el que considera probado el percance y los daños que se produjeron y apunta cuestiones clave sobre los percances en la vía pública que causan las baldosas rotas.

En el informe e apunta que «se trata de baldosas sueltas y oscilantes en las que, aunque fracturadas, se encuentran sobre el pavimento con apariencia de normalidad, por lo que resultan de difícil advertencia para los viandantes, sobre todo sin luz natural. Siendo obvio que se trata de desperfectos con entidad para provocar tropiezos y caídas, y no son insignificantes, existe nexo de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos municipales».

El jefe del servicio jurídico concluye en su informe que procede estimar parcialmente la reclamación e indemnizar al reclamante con 2.764.74 euros, cantidad que asumirá el seguro municipal, sin menoscabo de que se pueda reclamar a la concesionaria de pavimentos.

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