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Representantes de las entidades de la Mesa de Vivienda, ante el registro municipal. SH
Pisos turísticos y alquiler estudiantil dificultan el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables en Salamanca

Pisos turísticos y alquiler estudiantil dificultan el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables en Salamanca

La Mesa de Vivienda registra un informe sobre la situación que plantea alternativas y que hará llegar al Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León

Isidro Serrano

Salamanca

Miércoles, 26 de junio 2024, 19:31

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Las entidades sociales y asociaciones ciudadanas que forman la mesa de trabajo sobre vivienda en Salamanca (Accem, Apared, Apramp, Asociación Puentevida, Cáritas Salamanca, Centro materno infantil Ave María, Cruz Roja, Fundación Cepaim, Salamanca Acoge e YMCA) registraron este miércoles, 26 de junio, en el registro del Ayuntamiento de Salamanca un informe en el que se detallan las dificultades de acceso y mantenimiento de una vivienda digna; un verdadero impedimento para la integración de las personas más vulnerables, con la intención de que llegue a las tres administraciones con competencias en materia de vivienda del territorio: Ayuntamiento de Salamanca, Diputación de Salamanca y Junta de Castilla y León.

El informe realiza un detallado estudio respecto a las dificultades que encuentran muchas de las personas a las que ayudan estas entidades para acceder a una vivienda digna. Además de los incumplimientos de los derechos que les asisten al respecto y al situaciones que se presentan en el mercado de la vivienda que no favorecen el acceso a este tipo de colectivos, el informe recoge algunas peculiaridades de Salamanca como la proliferación de pisos turísticos o el gran número de alquileres destinados a estudiantes únicamente.

Así el informe, señala que la elevada cantidad de estudiantes en Salamanca y la inseguridad jurídica de la ley, dificulta el acceso a la vivienda para muchas familias, provocando que gran parte del mercado de alquiler en Salamanca se destine exclusivamente a estudiantes. Alquilar la vivienda a estudiantes o a familias no debería suponer una diferencia. Más allá de eso, una familia podría alquilar la vivienda por un período de tiempo más largo, al no estar limitada por la duración de los estudios, por lo que podría incluso ser beneficioso para los propietarios de las viviendas al disminuir las circunstancias en las que se encuentran con su vivienda vacía para la que deben encontrar un nuevo inquilino.

Además destacan que el observatorio de vivienda asequible señala que en España 4,5 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión residencial se ven afectadas por el problema de la vivienda asequible. Entre las causas más representativas está el alto precio de la compra y el alquiler de una vivienda, la falta de viviendas sociales y asequibles o el presupuesto destinado al gasto en la vivienda y el endeudamiento familiar que provoca un aumento en el número de desahucios y en el elevado número de personas en situación de 'sinhogarismo'.

El informe también se hace eco de los requisitos exigidos tanto por las inmobiliarias como por los propietarios van en aumento: no es suficiente que una persona cuente con un contrato de trabajo, sino que este debe ser indefinido y tener años de antigüedad; no es suficiente con que una persona tenga ingresos, sino que se necesita más de una nómina en la unidad familiar; no es suficiente un empleo, sino que han pedido como requisitos que la persona sea funcionaria.

Eso es únicamente en lo que respecta a las personas que tienen un contrato laboral, asegura el informe, en caso de no tenerlo, las dificultades y requisitos se multiplican, solicitando avales de personas físicas o avales bancarios, en muchas ocasiones afirmando que si las entidades no se presentan como aval, no pueden realizar el alquiler. Las dificultades también aumentan si se trata de familias con menores, con personas con discapacidad, familias monoparentales, personas con animales de compañía (viendo anuncios en páginas de búsqueda de vivienda que expresan claramente: «no mascotas, no niños»).

En muchas ocasiones las entidades del tercer sector acompañan a las personas en la búsqueda de vivienda, encontrando por ejemplo casos como los de las personas beneficiarias de protección internacional, que tienen ayudas del Ministerio garantizadas durante un tiempo, pero no ingresos económicos, por lo que la dificultad a la hora de encontrar vivienda persiste. Sumado esto al gran aumento de precio de alquileres y a la negativa de la comunidad de Castilla y León a realizar el estudio sobre las zonas tensionadas de Castilla y León, está provocando una gran imposibilidad de acceso a la vivienda por parte de los colectivos vulnerables.

Además critican que la modificación de la última Ley de vivienda, produjo un efecto adverso al intencionado, desprotegiendo a los pequeños propietarios, quienes, ante el miedo de un impago de alquiler, prefieren dejar sus viviendas vacías. Como consecuencia se retiran del mercado de alquiler viviendas que podrían ser utilizadas por colectivos vulnerables con el soporte adecuado de la Administración (quien debería facilitarle las condiciones tanto a los pequeños propietarios como a los colectivos vulnerables garantizando una seguridad para los primeros y permitiendo que los segundos puedan cubrir una necesidad tan básica como es la vivienda).

Por todo ello plantean que se requiere políticas públicas que sirvan para erradicar este grave problema social y aseguren el acceso a la vivienda a todas las personas, especialmente a las más vulnerables. También apuestan por impulsar parques de vivienda pública ligados a la renta de los arrendatarios, así como regular las viviendas vacías para facilitar su inserción en el mercado de alquiler.

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