El Procurador del Común espolea a la Junta para actuar en serio contra los malos olores

El problema de malos olores que afecta a los vecinos de Villamayor de forma especial y a todos los del alfoz, incluida la capital salmantina ha llegado ya hasta el Procurador del Común, que a través de una resolución con fecha de este martes, 17 de septiembre, de alguna manera, pone en entredicho la labor de inspección y ejecución de las medidas necesarias por parte de empresa de tratamiento de subproductos animales para intentar acabar con esta situación.

Por todo ello, y tras conocerse que la Junta va a proceder a la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada a propuesta del Servicio de Inspección y Control Ambiental y Proyecto Básico para la modificación sustancial de autorización ambiental promovida por la empresa Servcor Logistic SLU, propietaria de la citada fábrica de grasas, el Procurador del Común apremia a la Junta a obligar a la empresa a tomar una serie de medidas y, que de no cumplirse y solucionarse el problema de los fétidos olores, podría llegar al cese de la actividad.

En la citada resolución, la institución, cuyas opiniones no son vinculantes, recuerda los distintos informes solicitados a diferentes organismos tras la queja registrada hace unos años por un vecino, miembro de la plataforma Cuidamos Villamayor, además de las distintas actuaciones llevadas a cabo, por ejemplo el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental, las medidas propuestas y las diferentes actuaciones derivadas ellas, muchas de las cuales no han sido ejecutadas de forma satisfactoria por la empresa. Además, la resolución no solo se refiere al problema de los olores y cita también las medidas propuestas en materia de vertidos al río Tormes y a determinados problemas de ruidos, que tampoco se han resuelto de forma satisfactoria después de numerosos años de inspecciones y recomendaciones.

A lo largo de 18 folios con una argumentación sustentada en la normativa vigente, los informes técnicos y otras serie de documentación y informaciones, incluidas dos de las publicadas al respecto por Salamancahoy.es, el Procurador del Común afirma que tras analizar la documentación remitida por las administraciones competentes, «se constató que la empresa disponía de las autorizaciones tanto para operar como planta de transformación de subproductos animales no destinados al consumo humano de categoría 3 otorgada por el órgano autonómico competente en materia de agricultura, como la ambiental otorgada en su día por la Junta».

Sin embargo, en varias ocasiones y a través de numerosas citas, esta resolución pone alguna forma en entredicho la actuación de estas administraciones competentes, especialmente la Junta por los resultados obtenidos.

Por todo ello, en el informe remitido a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León se apremia a que, en el expediente de revisión de oficio y de modificación sustancial de la industria de transformación de subproductos de animales, sita en el término municipal de Doñinos de Salamanca «se garantice por el órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, que la nueva empresa propietaria de dichas instalaciones, implementa de manera efectiva las exigencias establecidas sobre las mejores técnicas disponibles, con el fin de minimizar los malos olores característicos de dicha actividad».

En el segundo punto de su resolución, el Procurador del Común insiste en que, «para solucionar de manera definitiva los problemas que lleva causando desde el año 2022 el foco emisor 'F4', que es el termodestructor que usa como combustible la grasa procedente de esos subproductos, se exija por el órgano competente de esa Consejería que se lleve a cabo por la citada entidad mercantil el ensayo de monitorización y medición de malos olores que fue requerido en dos ocasiones en los Informes de Inspección Final elaborados por los técnicos del Laboratorio Regional de Calidad Ambiental (LARECA)». Es decir que del alguna forma da un tirón de orejas al Gobierno regional por haber permitido que la empresa se saltase en dos ocasiones la recomendación de uno de sus órganos de inspección.

Finalmente, y suscribiendo la petición de los vecinos y de algunos de los ayuntamientos afectados, la resolución plantea que «en el caso de que se mantengan los episodios de contaminación odorífera sufridos por los vecinos de las urbanizaciones del municipio colindante de Villamayor e incluso de la ciudad de Salamanca, se valore por la Administración autonómica proceder a la suspensión de la actividad de fabricación de grasas y harinas de origen animal que se lleva a cabo en las instalaciones industriales objeto de la presente queja».

Este nuevo episodio en esta polémica por lo malos olores ha sido recibido con mucha satisfacción en el seno de la plataforma Cuidemos Villamayor, puesto que ratifica su planteamientos y viene a confirmar que hasta el momento no se ha actuado de forma correcta y que la única forma de acabar con el problema es establecer una serie de medidas realmente efectivas, y lo que es más importante, obligar a la empresa a desarrollarlas.

• Temas
• Junta de Castilla y León
• Doñinos de Salamanca
• Residuos