Autorización para una planta de gas renovable con digestión anaerobia en este pueblo de Salamanca
La empresa tiene ahora un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad, que contará con un plan de gestión de malos olores
La Junta de Castilla y León ha concedido la autorización favorable para la solicitud de instalación para una planta de gas renovable mediante digestión anaerobia para transformación de subproductos y residuos orgánicos agroindustriales y biorresiduos, en el término municipal de Doñinos de Salamanca, localidad próxima a la capital salmantina. Ahora, como explica el Bocyl este viernes 8 de agosto, el titular de la solicitud tendrá un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la autorización ambiental.
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La planta irá ubicada en el Polígono Industrial El Mirador CL Río Órbigo UR-I3 Parcela M-8-2, parcela con una superficie de 6.075 metros cuadrados.
Alegaciones presentadas
La solicitud arrancó el 20 de julio de 2023, cuando Efedos Biogas S.L. -más tarde solicitó el cambio de denominación a Heygaz Spain S.L.- solicitó autorización ambiental para una planta de gas renovable de uso comunitario mediante digestión anaerobia de alta eficiencia para transformación de subproductos y residuos orgánicos agroindustriales.
El 20 de mayo de 2025, se inicia el trámite de audiencia a los interesados y la Junta recibió al respecto alegaciones tanto por parte del Ayuntamiento de Villamayor y de la Asociación Ecología y Libertad, pero finalmente el pasado 21 de julio, la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental propuso la concesión de autorización ambiental a la planta.
Los malos olores y los controles
Como se detalla en el proyecto, la nave se encuentra en depresión y cuenta con un sistema de tratamiento de olores compuesto por dos columnas de absorción y un reactor en el que se eliminan los compuestos generadores de malos olores.
En este sentido se realizará un plan de gestión de olores con un protocolo, programa de prevención y mediociones periódicas.
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La capacidad autorizada de tratamiento de residuos por operación realizada es de 40.000 toneladas al año; además, se prevé producir anualmente de 36.800 t digestato.
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Además, se apunta con respecto a los olores que se tomarán las medidas necesarias para que la afección por la inmisión de olores a las zonas residenciales cercanas a la planta no supere el percentil 98, a 5 unidades de olor (5uoE/m³). «Como medida inicial, en fase preoperacional se desarrollará una modelización de las emisiones que tenga en cuenta todos los posibles focos de emisión, todas las condiciones meteorológicas locales probables y la topografía local. Esta modelización se hará sobre programas informáticos reconocidos científicamente y manejados por personal con experiencia reconocida en esta materia. Si la modelización determina que no es posible cumplir con lo indicado, se deberán establecer medidas adicionales de abatimiento de las emisiones que permitan alcanzar este valor de olor en inmisión», apunta la comunicación oficial de la Junta.
También se significa que en el plazo de 1 año desde el inicio de la actividad se realizará un estudio olfatométrico de inmisión en el entorno de la planta en un radio de al menos 3 km. Este estudio estará basado en la norma UNE-EN 13725, y realizado por Organismo de Control Acreditado. El período del estudio debe ser de seis meses que abarque al menos tres estaciones climatológicas de las cuales una debe ser verano. Durante el mismo deben registrarse todos los parámetros de operación, así como las condiciones meteorológicas. Una vez finalizado, el titular remitirá el resultado de dicho estudio y un plan detallado de reducción de olores, si fuera necesario, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, quien determinará si son necesarias medidas adicionales. Salvo que desde ese Servicio Territorial se determine otra cosa, este estudio se repetirá cada 3 años.
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Posibilidad de recurso
Ahora, contra la citada resolución de la Junta, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes.
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