La Junta analizará los malos olores y tramitará sanciones pendientes de la fábrica de grasas

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ya ha autorizado la el gasto para contratación de la elaboración de un estudio para determinar el alcance de los malos olores que afectan a Villamayor, Salamanca y todo el alfoz de la capital que produce la fundición de subproductos animales del Grupo Corral establecida junto el Puente Gudino en el río Tormes. Además, según adelantó Daniel Velasco, primer teniente de alcalde de Villamayor, la Junta tiene previsto iniciar el proceso sancionador por dos de las infracciones que presumiblemente podría haber cometido ya la empresa.

El alcalde de la localidad Ángel Peralvo, destacó el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento de Villamayor por su labor de control, de análisis y de traslado de los problemas a la Junta para que se adopten medidas por los episodios tan recurrentes que hemos tenido en estos días. «El eco es más grande ahora porque la problemática se ha extendido a todos los municipios limítrofes, incluida la capital. Apoyamos la iniciativa vecinal y seguimos hablando con los responsables de la empresa, que sabe que el Ayuntamiento no va a cejar en el empeño, bien sea de forma amistosa o beligerante. Además ya nos hemos puesto en contacto con los pueblos afectados, la Diputación, la Junta, la Subdelegación del Gobierno para que todos tomemos conciencia de que este es un problema común y hay que remar todos juntos», sentenció el alcalde.

Esas dos importantes novedades se conocieron ayer al término de la concentración en la que participaron cerca de 200 vecinos de Villamayor, algunos de ellos con mascarillas puestas, convocados por la Plataforma Cuidamos Villamayor, que aprovechó la concentración en la plaza de España de la localidad salmantina para presentarse, y solicitar el apoyo de los vecinos y del resto de municipios afectados y anunciar que desde ella «vamos a luchar para que se eliminen por completo y de la forma que sea, los olores de la actividad de esta empresa, la cual es propiedad en un 65% de un fondo de inversión, concretamente Magnum Capital».

Ruper Pérez, portavoz de la recién creada plataforma de la que forman parte unas 27 personas, entre ellas abogados, químicos, técnicos también señaló que exigen a las administraciones que cada una asuma la responsabilidad que le corresponda «porque las herramientas existen y son muy claras, que la Junta exija el cumplimiento de la normativa y la empresa la cumpla, es bastante sencillo».

Además, señaló que apoyados por el Ayuntamiento, y ante algunos rumores que apuntan a que hasta el mes de enero del año que viene puede que no haya una solución, reclaman el cierre cautelar de las instalaciones de la empresa que genera esos malos olores, ruidos y supuestos vertidos al río Tormes, hasta que se solucionen los problemas. «En las reuniones que estamos teniendo se están planteado algunas soluciones técnicas que nos parecen insuficientes. Nosotros les vamos a plantear otro tipo de soluciones mucho más restrictivas y efectivas, porque las hay», señaló Ruper Pérez.

Los promotores de la iniciativa leyeron un comunicado en el que señalaron que «como vecinos de Villamayor y, a través de la Asociación Vega de Salamanca, llevamos trabajando en este tema desde hace tiempo. Ahora más recientemente, desde septiembre del año 2020, estamos en contacto constante con la empresa, tanto con los anteriores como con los actuales propietarios, además de con los administradores de las diferentes comunidades, vecinos en general, ayuntamiento de Villamayor, ayuntamiento de Doñinos, con la Universidad que también se ve afectada y, por supuesto con quien tiene las competencias que es la Junta de Castilla y León».

Además, recordaron que hay mucha información y documentación desde el 2020 hasta el día de hoy, «denuncias múltiples sobre ruidos, vertidos y por supuesto olores, a través de diferentes medios, como el Seprona, CHD, Ayuntamientos, aplicación Nasapp y, sobre todo ante la Junta de Castilla y León».

En el citado comunicado, la plataforma vecinal reclama a las distintas administraciones que asuman sus responsabilidades, especialmente a la Junta de Castilla y León, solicitan a la empresas que haga lo mismo y piden la colaboración de los vecinos y los medios de comunicación.

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