El PP cuestiona el rumbo de la fábrica nuclear de Salamanca «colonizada» por cargos socialistas

El PP ha iniciado una defensa de la energía nuclear en las últimas semanas que toca de lleno a la provincia y, tras citar directamente el caso de la polémica mina de uranio de Retortillo, ahora los 'populares' han presentado una batería de preguntas parlamentarias sobre la gestión de ENUSA y su fábrica de Juzbado. Una factoría en la que se fabrican las 'pilas' nucleares de las centrales de España que está previsto cerrar y de las europeas, pero sobre la que el partido cuestiona su rumbo «colonizada» por cargos socialistas.

El asunto está ya en la lista de preguntas parlamentarias en el Congreso y ha pasado por el debate en el Senado. Las cuestiones fueron registradas con fecha del 9 de mayo y se han hecho públicas estas semanas. Son cuatro e incluyen un enunciado sobre la situación que, a juicio del PP, atraviesa la fábrica de Juzbado. Vienen a reforzar el nuevo frente que el partido ha abierto contra el Gobierno en materia energética y que en Castilla y León se ha sustanciado con la negativa de PP y Vox a dejar sin efecto la declaración de impacto para abrir la controvertida mina de Retortillo.

Según los populares, ENUSA sufre una paulatina merma de las ventas de combustible de uranio fabricado por la empresa estatal en su factoría salmantina. Se trata de los conocidos como elementos combustibles nucleares, una estructura metálica de varillas que contienen pastillas de urbanio, que se introducen en los reactores para la generación de energía.

Esta actividad, de alta tecnología, se lleva a cabo desde hace décadas en la fábrica salmantina que suministra elementos combustibles a todas las centrales españolas y a muchas extranjeras. Según el PP, la venta de estos elementos se ha quedado en 270 toneladas, dato oficial de la última memoria disponible, que es la de 2023, «la más baja en una década».

Esta producción tiene que ver con los ciclos de recarga de las centrales, que se mueven en períodos de un año/18 meses; cuando toca recarga, la fábrica vende más. Los planes de dejar la nuclear y el desmantelamiento que se está haciendo en alguna central española afectarán a los pedidos, aunque ENUSA mantiene los clientes extranjeros de países que no piensan cerrar sus centrales o que barajan mantenerlas cuando tenían planes de cierre.

El PP ha pedido saber a qué se debe esta producción de un «mínimo histórico» de 270 toneladas y si está en peligro el futuro de la empresa, que forma parte del sector industrial de titularidad pública, «al situar al frente a alguien sin experiencia de ningún tipo», en referencia al último presidente, Mariano Moreno Pavón, a cuyo nombramiento atribuye la disminución de ventas.

Por último, consulta si está en riesgo la empresa por sus «pobres resultados» y si en esto influye «que la cúpula directiva de ENUSA esté colonizada con cargos socialistas sin experiencia en el negocio nuclear».

Parte de esas preguntas, que el Gobierno tendrá que responder de forma oficial y por escrito, han entrado ya en el debate político como lo hizo la afirmación del presidente Sánchez de que no había uranio explotable en España. Algo que el PP contradijo con la cifra de 30.000 toneladas en la mina de Retortillo, a la que el Estado ha denegado los permisos necesarios con el actual Gobierno; mina titularidad de Berkeley, que ha reclamado 920 millones de euros al Estado por daños y que insiste en que quiere poner en marcha el proyecto.

El diputado del PP Francisco Javier Lacalle ha criticado ENUSA haya pasado de estar dirigida por José Luis González, «ingeniero industrial experto en técnicas energéticas», a estarlo por Pavón, un «filósofo», y ha recalcado que se le ha «puesto» al frente de la entidad para «para comprar su silencio y que no cuente los chanchullos de Ferraz que están denunciando otros durante los últimos tiempos».

En sesión del Senado, el ministro de Industria, Energía y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido al presidente de ENUSA y ha destacado que no ha habido ningún «elemento crítico» en la gestión de ENUSA en los últimos tres años y medio después de que el diputado del PP le echara en cara que el Ejecutivo tenga a un «filósofo» al frente de la entidad.

En el debate, el ministro ha recordado que el Gobierno tiene la potestad de nombrar los presidentes en el sector público empresarial en base a la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los «mismos criterios» con los que los gobiernos del PP han nombrado a los presidentes de empresas públicas.

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