Los pueblos de Salamanca en riesgo alto por un gas causante de 1.500 muertes anuales
El Consejo de Seguridad Nuclear advierte del peligro en la provincia por la presencia de este gas natural que obliga a una actuación prioritaria en algunos municipios
El Consejo de Seguridad Nuclear ha actualizado el mapa con los territorios más castigados por la presencia de radón. La provincia de Salamanca es, dentro de Castilla y León, una de las más vulnerables al riesgo de este gas natural que, cada año, se cobra 1.500 muertes anuales en todo el territorio español. Un gas radioactivo que supone la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco -y la primera en personas no fumadoras- y que, por su peligro, se ha convertido en un importante problema de salud pública y seguridad laboral en España.
Esta realidad aterradora y similar a la mortalidad de los accidentes de tráfico ha hecho que se preste especial atención a su presencia en los territorios para tratar de atajar el problema. Por ello, el mapa nacional se divide en dos zonas. La zona 2 agrupa a los municipios que necesitan una actuación prioritaria y la zona 1, acoge a las localidad que, aún con la presencia de este gas, no corren un peligro tan inminente. En el caso de Salamanca, 231 pueblos se encuentran teñidos de rojo en el mapa, 127 están en riesgo medio y tan solo cuatro se encuentran libres de riesgo.
Esto supone que el 64,3% de la provincia está en riesgo alto por radón. El Consejo de Seguridad Nuclear, con la aprobación del mapa oficial del radón, obliga a los municipios más afectados a actuar para hacer mediciones de este gas. Desde 2022, las empresas ubicadas en zonas con alto potencial de radón -especialmente en plantas bajas o subterráneas- deben de realizar mediciones para comprobar si superan el nivel de referencia de 300 berequelios a través de detectores.
Con la concreción actualizada de los municipios afectados, la lista de localidades en riesgo aumenta y serán más los centros de trabajo que tengan que realizar estos controles para asegurar la protección de la población. Así, los titulares de estas empresas deberán instalar detectores acreditados y tomar las mediciones durante, al menos, tres meses. En el caso de que se supere el nivel de referencia, la empresa deberá aplicar medidas correctoras para reducir los niveles.
Medidas para controlar el radón
Según la normativa, estas mediciones deberán repetirse cada diez años en el caso de que los niveles sean inferiores al límite. Si los registros destapan valores superiores al nivel de referencia, además de las medidas para mantenerlos bajo control, la periodicidad en las mediciones bajará a los cinco años. Igualmente, si se realizan algunas reformas que pongan en riesgo la acumulación de radón, se deberán realizar nuevas mediciones seis meses después de que terminen este tipo de obras.
En la actualización de este mapa, los detectores colocados en las viviendas y edificios públicos de toda la comunidad han sido claves para elaborar un desglose de incidencia con datos locales. En el caso de Salamanca, 558 fueron los detectores colocados; la provincia con mayor número de medidores de Castilla y León.
558 detectores
colocados en viviendas y edificios públicos de la provincia de Salamanca
En aquellos municipios -127 en el caso de Salamanca- que se encuentran en la Zona 1 y por tanto, no se exponen a un riesgo extremo, no hay una obligación legal de evaluar la presencia de este gas aunque se recomienda tener un control en aquellas infraestructuras más sensibles a este elemento químico como las viviendas más viejas o aquellos edificios de nueva construcción. Con este protocolo, el Consejo de Seguridad Nuclear pretende reducir la exposición a este gas en los territorios más perjudicados y poder tomar medidas con una actualización recurrente.
