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La empresa del bus urbano ha sido propuesta para una sanción sin precedentes por el mal funcionamiento del pago con tarjeta, la última mejora puesta en marcha en el servicio y que ha sido bien recibida por los usuarios. Sin embargo, ha llegado tarde, mucho más de lo que se recogía en el millonario contrato del bus, lo que supone un incumplimiento de contrato con el que el consistorio ha sido muy firme.
El asunto llega esta semana a la comisión de Contratación, que evalúa los contratos municipales, y lo hace con una multa de 30.000 euros a la empresa que se le detraerán del pago mensual que se le hace. El motivo, el retraso en el pago con tarjeta. Una multa que podría haber sido mucho mayor, hasta cinco veces superior, de haber optado el consistorio por aplicar el contrato tal y como está.
Así se explica en el expediente con la resolución que se aprobará en comisión informativa, en una de las escasas sanciones a empresas concesionarias, y la primera de relevancia que afecta a la empresa que lleva décadas haciéndose cargo del bus urbano. Y que consiguió la continuidad en un contrato de 174 millones de euros por diez años de servicio.
Cuando en mayo de 2023 se adjudicó el contrato de gestión del bus urbano a la empresa Salamanca de Transportes, uno de los más cuantiosos del ayuntamiento, se establecieron una serie de plazos de entre 10 y 12 meses para implantar mejoras en el servicio ofrecidas por la propia empresa; entre ellas están el wifi en los vehículos, los medios de pago electrónicos o los 25 autobúses eléctricos adquiridos. Estas mejoras son obligatorias ya que la empresa las ofrece para mejorar la valoración de su oferta y, en este caso, llevarse el contrato.
En este caso, se preveía como fecha de finalización de la implementación del sistema de pago con tarjeta el 31 de agosto de 2024. Los aparatos empezaron a verse a finales de noviembre en varios vehículos, pero la mejora no estuvo disponible para todos los usuarios hasta enero, por lo se ha sancionado a la empresa por el retraso acumulado.
Además, en el expediente se acusa a la empresa de haber anunciado que el 7 de enero ya funcionaría el sistema, pero habiéndolo implantado sólo en un tercio de la flota, día en el que además se pueden comprobar numerosos fallos en el funcionamiento. Los fallos duran nueve días en los que numerosos viajeros refieren no poder pagar con tarjeta y no es hasta el 15 de enero que quedan resueltos, con el servicio plenamente operativo. Esto es considerado un incumplimiento de contrato, de tipo leve, ya que fue más de cuatro meses más tarde de la fecha tope.
La empresa ha alegado que no fue hasta noviembre de ese año 2023 que suscribió convenio con la empresa externa que le ha proporcionado los medios técnicos para el pago con tarjeta a bordo. Y también se ha quejado por la cuantía de la multa, que considera elevada.
Según su escrito de descargo, el fallo no ha producido una grave perturbación del servicio, al ser un medio de pago nuevo y residual, y al comprobar que desde el 15 de enero al 12/03/2025 el volumen de usuarios que lo ha utilizado supone un 0,34% sobre el total de usuarios del medio de transporte objeto del contrato (9.097 usuarios) que han pagado el servicio con tarjeta de un total 2.638.908 usuarios.
Por eso, la empresa solicitó sobreseimiento del expediente o, al menos, una sanción más baja, dado que la infracción leve por incumplimiento oscila entre 600 y 30.000 euros, en la parte alta de la escala, que es la que se ha puesto.
Sin embargo, en el expediente abierto los técnicos municipales han rechazado todas las alegaciones de la empresa e indican que «una mayor antelación oprevisión en la contratación realizada por la empresa concesionaria, le habría permitido cumplir el plazo. Y que como es la misma empresa que lo ha prestado durante décadas anteriormente, no había justificación posible para retrasarse en la mejora.
En cuanto al importe de la multa, el informe municipal entiende que podría haber sido mucho mayor si se hubiera aplicado porque el contrato incluye una penalización de mil euros por día de retraso en la ejecución de mejoras; eso elevaría la cifra a cerca de 135.000 euros por los cuatro meses y medio de demora.
Este sistema busca principalmente resolver inconvenientes como la imposibilidad de pagar un billete ordinario con billetes de más de 10 euros, la falta de cambio para abonar el importe o el olvido de la tarjeta de autobús. Todo ello, teniendo en cuenta la creciente tendencia de las personas a utilizar tarjetas de crédito o dispositivos móviles para realizar pagos.
Por un lado, ofrece más agilidad y fluidez evitando retrasos en la subida de pasajeros al autobús y también ofrece la seguridad, de poder pagar con la tarjeta de crédito personal sin necesidad de insertar un PIN porque el importe es de 1,15 euros y, por lo tanto, no hay posibilidad de que alguien lo vea o pueda sustraer la tarjeta y hacer otro pago.
En 2024 casi 15 millones de viajeros utilizaron el transporte público en Salamanca y con este nuevo sistema se consigue ganar en velocidad comercial y las esperas por el pago en metálico hacen que se vayan produciendo pequeños retrasos que, con las tarjetas, se reduce.
El servicio ha sufrido por épocas otros fallos como la informaciónd e la aplicación de autobuses y las pantallas en las marquesinas, por problemas con el tiempo de llegada del autobús que fundamentalmente se deben a un fallo de cobertura móvil, ya que el autobús se posiciona por GPS a través de una tarjeta SIM que, cuando hay poca cobertura en una zona, hace que el autobús desaparezca de la aplicación o la pantalla de las marquesinas.
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