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Los embargos sobre la vivienda habitual cayeron prácticamente a la mitad en 2023 con respecto al año anterior en Salamanca según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, de las 43 fincas que se vieron afectadas por una ejecución hipotecaria en la provincia salmantina durante el pasado año 23 eran viviendas, mientras que en 2022 llegaron a ser 55, prácticamente el doble. El resto de fincas cuyas hipotecas fueron ejecutadas a lo largo de 2023, una fue de una finca rústica, 2 de solares y 17 de otro tipo de fincas urbanos, habitualmente locales comerciales y de otro tipo que en muchas ocasiones se utilizan con garantía al suscribir algunos préstamos y que al final acaban también en manos de los bancos al finalizar el proceso de ejecución por el impago de las cuotas de las hipotecas.
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Y todo ello, pese a que la subida de tipos del Banco Europeo se ha traducido en que las hipotecas se han encarecido casi como nunca hasta ahora en los últimos meses. La explicación es simple, y augura un incremento de esas cifras en los próximos años. El paulatino descenso del número de viviendas embargadas mediante un proceso que suele acabar en los polémicos desahucios se debe a que la mayoría de las viviendas cuya hipoteca es ejecutada por un banco por el impago de las cuotas corresponde aún a casas compradas en los años más destacados de la burbuja inmobiliaria en la primera década del siglo.
No hay más que analizar la evolución del volumen de ejecuciones hipotecarias registrado en los últimos años en Salamanca para comprobarlo. Si en 2023 hemos hablado de que de las 43 ejecuciones hipotecarias de fincas, 23 eran viviendas, en 2014 las fincas afectadas fueron en total 659, y de ellas, nada menos que 314 correspondían a viviendas embargadas, la cifra más reciente multiplicada por 13.
Y ese no fue el peor año de la última década. Un año después, en 2015, se batieron todos los récords al alcanzarse las 812 ejecuciones hipotecarias de las 331 correspondían a procesos de embargo de viviendas habituales. A partir de ese año, en 2016 se registró una notable caída, a 126 viviendas, y salvo el incremento registrado en 2018 (164), la evolución siempre ha registrado una tendencia a la baja hasta llegar a las cifras facilitadas este mismo miércoles, 6 de marzo, por el INE.
Esta evolución a la baja se debe a que el momento álgido en cuanto a la ejecución de hipotecas de viviendas compradas antes de la denominada crisis del ladrillo, fue entre 6 a 10 años después de la compra. Ahora, tras el nuevo y abrupto incremento de los tipos de interés y los precios de las hipotecas, es muy probable que comiencen de nuevo a crecer las cifras de embargos por el impago de las cuotas, que han subido de manera considerable en el último año.
Castilla y León se situó como la novena comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en 2023, con un total de 261 casos (208 de personas físicas y 53 de personas jurídicas), un 33 por ciento menos que en 2022, cuando se contabilizaron 390 ejecuciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press. En el conjunto del país el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 9.248 en 2023, cifra un 21% inferior a la de 2022 y la más baja desde 2020.
Además, Castilla y León se mantiene en este puesto respecto a 2020, cuando en 2019 se situó como la octava comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas.
Y según la estadística del INE, sólo 26 casos de ejecuciones hipotecarias correspondieron a vivienda nueva mientras que los otros 235 son de vivienda usada.
Por provincias, a lo largo del pasado año en Ávila se registraron 53 ejecuciones hipotecarias, de las que 24 fueron sobre nueva vivienda y 29 sobre vivienda usada; en Burgos, 30 ejecuciones, todas ellas de vivienda nueva; en León, 60 ejecuciones (1 vivienda nueva y 59 usada); en Palencia, 19 ejecuciones, todas de vivienda usada y en Salamanca, 23 ejecuciones hipotecarias, también todas de vivienda usada.
En la provincia de Segovia se contabilizaron 15 ejecuciones hipotecarias, todas sobre vivienda usada; al igual que en Soria, con seis ejecuciones, mientras que en Valladolid se registraron 34 ejecuciones, sólo una en vivienda nueva y en Zamora, 21 ejecuciones, todas en vivienda usada.
Por otro lado, teniendo en cuenta todas las fincas, el pasado año se registraron en la Comunidad 494 ejecuciones hipotecarias, lo que representa un 40,9 por ciento menos que las que se contabilizaron en 2022, un total de 837.
De estas 494 ejecuciones llevadas a cabo el pasado año, 34 fueron sobre fincas rústicas, frente a las 116 registradas en 2022; 261 sobre viviendas (390 en 2022); seis sobre solares (32 en 2022) y 193 sobre otras urbanas (299 en 2022).
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