Los vecinos contra los malos olores responden a la Junta con análisis de dos universidades

Los vecinos afectados por los malos olores que desprende la fábrica de transformación de subproductos animales ubicada en Doñinos de Salamanca, de la mano de la Plataforma de Vecinos Cuidamos Villamayor ya ha concluido la redacción de las alegaciones que remitirá a las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura Ganadería respecto a la ampliación de la Autorización Ambiental Integrada solicitada por la empresa Servcor Logistic SLU (antes Grupo Corral).

A lo largo de 28 puntos y en 22 páginas, las alegaciones hacen un minucioso repaso de la evolución de los problemas que ha generado este industria a lo largo de los años, tanto por los malos olores, como por los vertidos al río como por los ruidos generados. Detallando aspectos muy concretos de todas las labores que se realizan y de la normativa que debe regularlas, y lo que es más importante, planteando las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para intentar solucionar cada uno de los problemas e incumplimientos normativos que se vienen produciendo desde la instalación de la empresa en esa zona, con especial insistencia en el de los malos olores, que afectan ya no solo a los vecinos de Villamayor, sino a los de todo el alfoz y a la propia capital salmantina.

Por su puesto se incluyen algunas medidas muy concretas y entre ellas solicitan medir las partículas en las emisiones de la fábrica, que al fin y al cabo son las que producen el olor, con un espectrómetro de masas.

A este respecto, desde la plataforma Cuidamos Villamayor llegan buenas noticias. Según ha podido saber Salamancahoy.es ya se ha contratado un primer estudio a través de la Universidad de Salamanca para analizar esas partículas y determinar su posible efectos sobre la salud de las personas. Pero la intención es llevar a cabo otro estudio que requiere de más equipos de medida y de más tiempo de realización que es bastante más caro «costaría unos 10.000 euros». Para todo ello, además de con la de Salamanca, que también ha recibido las alegaciones elaboradas por la plataforma para que las presente a la Junta si lo consideran oportuno, se podría contar con el apoyo de la Universidad de Tarragona, que se ha ofrecido a colaborar con la de Salamanca y con la Plataforma, debido a su experiencia en este tipo de análisis.

Este segundo estudio es el más importante y Cuidamos Vilamayor ha anunciado qeu se van a buscar fondos de los programas europeos Horizon 2020 y Horizon 2025-27, que recogen ayudas para la investigación y la innovación para adaptarse a los nuevos contextos económicos, medioambientales y geopolíticos y según Cuidamos Villamayor, se intentará llevar a cabo el proyecto con la USAL y el apoyo de la Universidad de Tarragona que ha reiterado su disposición a colaborar si se considera necesario.

Además, desde la plataforma lamentaron que, la realización de estos estudios se le ofreció a la Junta de Castilla y León «la administración responsable de velar por la salud de sus ciudadanos» en la reunión celebrada esta semana con el delegado territorial, «pero solo obtuvimos la callada por respuesta».

Los objetivos de todos estos estudios, análisis e informes, que deberían haberse hecho ya hace años son a los que los vecinos se refieren en el punto 23 de sus alegaciones.

En ellas se asegura literalmente que a día de hoy, el sistema de medición continuo actualmente implementado mide únicamente algunos óxidos de azufre (SOx), dióxido de carbono (CO2) y ozono (O3). «Consideramos que este enfoque es claramente insuficiente, especialmente teniendo en cuenta las características específicas de las actividades productivas de la empresa», señalan en su escrito.

Además insisten en que durante la combustión de materia orgánica, es común la emisión de una serie de compuestos potencialmente peligrosos, entre los que destacan los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), las aminas heterocíclicas (AHs) y los radicales libres. Estos compuestos, tal como se ha demostrado en estudios científicos, «poseen un potencial cancerígeno considerable», lo que hace aún más urgente y necesaria una evaluación más exhaustiva de las emisiones contaminantes de la empresa.

Actualmente, sobre estas sustancias no existe un control adecuado ni en términos cualitativos ni cuantitativos. Es decir, no se tiene certeza sobre qué contaminantes están siendo emitidos por la empresa, ni tampoco en qué cantidad. Esta falta de información es inaceptable, dado el riesgo que representan para la salud pública y el medio ambiente.

Por todo lo anterior, en las alegaciones que se presentarán ante la Junta, «solicitamos la implementación de un sistema de monitorización continua que contemple, al menos, la detección y cuantificación de los compuestos antes mencionados (HAPs, AHs, radicales libres), además de cualquier otro contaminante que pudiera ser relevante para una evaluación exhaustiva de las emisiones. Este nuevo sistema debe permitir un control integral y detallado que garantice la seguridad tanto de la población como del entorno natural en el que opera la empresa», aseguran desde la plataforma vecinal, que cuando se realicen los estudios de las universidades tendrán aún más elementos para denunciar lo que esta sucediendo

Las alegaciones que se remitirán a la administración regional están elaboradas con una minuciosidad y detalle técnico encomiable y no dejan ningún aspecto de la producción industrial, su control y sus efectos sin analizar, al tiempo que critican la actuación que ha llevado a cabo la Junta hasta ahora.

Así, con respecto a los informes de inspección medioambiental realizados por la Junta de Castilla y León, aseguran que la última inspección pública notificada en septiembre de 2023 muestra un grado de incumplimiento el cual «no garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental». Ante la constatación de incumplimientos de carácter relevante o muy relevante, «solicitamos el cierre cautelar de la misma hasta que el titular del establecimiento adopte las medidas o correcciones necesarias, ya que no se garantiza la no afección a las personas y al medioambiente. No comprendemos cómo la fábrica sigue funcionando 11 meses después de que se haga público tal incumplimiento».

Además, se muestran muy críticos al asegurar que «creemos que el control Ambiental tanto por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, así como de la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural ha dejado mucho que desear y debe mejorarse y unificarse en Medio Ambiente». Además son tajantes a la hora de afirmar que este control no puede dejarse «en manos de terceros, os denonimados Organismos de Control Ambiental Autorizados (OCAA), pues esto es una obligación de la administración, y dejarlo en manos de una empresa que a su vez cobra del interesado es una potencial fuente de conflictos de interés», por lo que solicitan que sea el propio Laboratorio Regional de Castilla y León (LARECA) quien realice esta labor de vigilancia, o un tercero, pero no dejándolo todo en manos de los OCA.

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