La Junta impondrá a la fábrica de grasas «todas las medidas técnicamente posibles» contra los olores

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente quiere imponer a la empresa propietaria de la fábrica de grasas que genera los malos olores denunciado por varios municipios del entorno, incluida la capital, todas las medidas técnicamente posibles para su minimización y control y está llevando a cabo un programa de inspección periódica para realizar un seguimiento de su implantación. Además, tal y como destacó Salamancahoy.es hace un par de días, como consecuencia de las inspecciones realizadas, se han abierto dos expedientes sancionadores y el incumplimiento de las medidas propuestas por parte de empresas podría derivar en la paralización de actividad en el marco de los expedientes sancionadores correspondientes.

Sin embargo, se mantiene como posible plazo para la finalización de la implantación de todas estas medidas el primer trimestre de 2025, algo que los vecinos afectados rechazaron en la concentración convocada el pasado lunes en Villamayor, y en la que afectados y responsables municipales reclamaron la adopción de medidas urgentes para acabar con los olores y los supuestos vertidos al río Tormes, además de los ruidos que genera la actividad de la empresa.

Según han asegurado a Salamancahoy.es desde la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio «es consciente del problema que generan las emisiones de olores de la fábrica de transformación de subproductos animales situada en Doñinos titularidad de Servcor Logistic S.L.U. (antes Fernando Corral) y por ello se han tomado las medidas oportunas para su corrección».

En la información aportada desde este departamento de la Junta, se asegura que las medidas se centran, en primer lugar, en la «revisión de oficio de la autorización ambiental, cuya información pública se iniciará en breve con la publicación del anuncio en el BOCYL y con la que se pretende imponer a la empresa todas las medidas técnicamente posibles para su minimización y control, incluidos valores límite de emisión (chimenea) o inmisión (aire ambiente en el entorno de la instalación)».

Estas medidas, ya determinadas, «se han puesto en conocimiento de la empresa para que inicie los trabajos para su desarrollo e implantación y a fecha actual, varias de estas medidas están en ejecución. Algunas de las medidas exigen la sustitución de determinados equipos, cuestión que conlleva unos plazos lógicos de adquisición e implementación», advierten desde la Junta de Castilla y León.

Además, simultáneamente se «está desarrollando un programa de inspección periódica a la empresa para realizar el seguimiento de la implantación de estas medidas, así como para controlar el funcionamiento general de las instalaciones. Dentro de este programa, se ha inspeccionado la empresa una vez en el mes de julio y tres veces en este mes de agosto.

Por otra parte, la Consejería ha requerido a la empresa documentación adicional a la que deben presentar periódicamente referida al funcionamiento de los sistemas de descontaminación. Una vez estudiada esta documentación, «se analizará el estricto cumplimiento de lo establecido en la autorización ambiental vigente, a efecto de posibles infracciones respecto a valores límite de emisiones u otros parámetros», concretan.

Además, la Junta confirma que como consecuencia de las inspecciones realizadas, se han abierto dos expedientes sancionadores derivados de una superación de valores límite de emisión y la no comunicación de una incidencia en la combustión. Aunque desde el Gobierno regional no se ha aportado información respecto a la posible cuantía de estas sanciones en caso de aplicarse, según algunas fuentes vinculadas a este proceso, una de ellas podría alcanzar los 30.000 euros y la otra los 200.000.

La Junta también ha asegurado a Salamancahoy.es que se ha informado en reuniones presenciales y por teléfono al Ayuntamiento de Villamayor y a los afectados y «nos consta que la empresa también está informando de las acciones que está desarrollando a los afectados».

Con todo ello, «consideramos que en el primer trimestre de 2025 estarán todas las medidas implantadas y se cumplirá con lo que se determine en la revisión de oficio que se está realizando de la autorización ambiental», determina la Junta.

Además, advierten de que en caso de incumplimiento por parte de la empresa, se analizarán posibles medidas de paralización de actividad en el marco de los expedientes sancionadores correspondientes, algo que los afectados han reclamado que se lleve a cabo de forma cautelar pero de manera inmediata, ya que se oponen a que la fábrica siga funcionando y generando malos olores mientras se llevan las correcciones técnicas necesarias para solucionar el problema.

• Temas
• BOCYL
• Junta de Castilla y León
• Residuos